Democracia liberal vs. terrorismo totalitario

Los últimos golpes dados a la organización terrorista Farc, como el bombardeo en que murieron algunos de los lugartenientes de alias el "Mono Jojoy", o la persecución perseverante de los frentes más peligrosos, son la prueba inocultable de la voluntad firme del gobierno y la sociedad colombiana de derrotar definitivamente a éste y todos los grupos armados que desafían el orden vigente y las libertades individuales.

Durante los últimos años, el progreso económico, el fortalecimiento del Estado de Derecho y las instituciones basilares de la democracia liberal, así como la inserción en el ritmo de la globalización, se han debido en gran parte a la profundización de las estrategias militares, policiales y de los órganos de seguridad del Estado, en la lucha contra las organizaciones criminales y los grupos de presión que han actuado como plataforma ideológica de las Farc, el Eln, los grupos de autodefensas transformados y las bandas de narcotraficantes en el país.

Las Farc no son hoy ni una mínima expresión de lo que solían ser. Sus frentes se han diezmado ostensiblemente, su capacidad de acción se limita a escaramuzas esporádicas y a atentados terroristas en regiones apartadas, la comunicación entre sus mandos, como la distribución de los recursos para el sostenimiento de su pie de fuerza y difusión de propaganda, han sido gravemente lesionadas.

De igual forma perdió, para fortuna nuestra, la poca legitimidad que poseía ante la sociedad internacional, que exhibe con frecuencia una tendencia proterva a aplaudir toda laya de empresas delincuenciales (Hamas, Eta, Hezbolá, el Frente Zapatista de Liberación Nacional o los piratas somalíes), ocultas tras la máscara de las reivindicaciones sociales y populares.

Todo esto se debe a la continuidad de la política de Seguridad Democrática, que, pese a su debilidad en el último bienio (por la rampante corrupción en algunas esferas de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, y por el carácter siniestro de los episodios de falsos positivos), se ha fortalecido nuevamente y ha recibido un gran impulso, no sólo por parte del Gobierno Nacional, sino también de una sociedad cohesionada y con instinto de supervivencia. Colombia requiere desenvolverse en un entorno seguro, tanto porque la seguridad es un valor jurídico-político indisponible en la actualidad, como por la relevancia estratégica que comporta el país en América Latina, pues representa un sistema político y un modelo económico que parecerían hallarse en vías de extinción en la región: La democracia liberal y la economía de mercado, frente al autoritarismo y populismo imperantes en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina, y a la timidez de Chile y Brasil, nuevas potencias regionales que aprovechan el nuevo momento multipolar del sistema internacional, pero que están desaprovechando el gran poder de influencia que revisten.

Concluyendo, pues, Colombia sólo es viable y posible en un escenario en donde las organizaciones terroristas, que no representan más que los intereses de una pandilla de sociópatas, sean finalmente neutralizadas y derrotadas.

La Constitución Política y las leyes lo prescriben, como presupuesto para la vigencia de los derechos fundamentales y las libertades civiles, políticas y económicas de los individuos, y es el derecho que nos corresponde a los ciudadanos.

Es por eso mismo que no debe insistirse en absurdas negociaciones que establecen la equidistancia política y moral entre el Estado democrático y cualquier agrupación al margen de la ley, con una tentación sempiterna por el poder político y una disposición constante a silenciar con bombas a la sociedad entera.