Denuncias complican restitución de tierras

El 17 de septiembre de 2010 quedó registrado como hecho histórico de restitución de tierras a desplazados la entrega de 34 títulos de propiedad a igual número de familias de corregimiento Nueva Colonia (Turbo). Pero parte de esa adjudicación se perfila como un grave error atribuido a falsas denuncias de algunas organizaciones que representan a desplazados.

Hoy, once meses después de que un grupo de felices campesinos recibieran sus títulos de manos del propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Juan Manuel Ospina, el mismo ente confirmó a EL COLOMBIANO que adelanta un proceso de revocatoria directa de 21 resoluciones con las que se adjudicaron igual número de predios.

Esto significa que 21 familias serán notificadas en las próximas semanas de que no son dueñas de las más de 100 hectáreas que hoy ocupan en la vereda Nueva Unión.

Estas adjudicaciones fueron mostradas como el preámbulo de la Ley de Víctimas y una restitución de tierras, "ejemplo del trabajo interinstitucional y cooperación que permite mostrar resultados en el programa bandera del Gobierno Nacional", según indicaron Minagricultura y el Incoder.

La entrega de títulos fue una gestión del Proyecto Piloto de Restitución de Tierras de Turbo, liderado por CNRR en Antioquia, la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), Conciudadanía, con apoyo de Fiscalía, autoridades y otras instituciones. Fue financiado por OIM y la agencia de cooperación de Estados Unidos (USAID).

Ocho de los 21 títulos que están en trámite de revocatorio por el Incoder fueron adjudicadas en ese acto en septiembre de 2010.

Pero dos meses y medio después, en diciembre de 2010, la familia Montoya Cock se presentó en la oficina de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Apartadó para reclamar esas tierras recién adjudicadas por el Gobierno.

Según su argumento, de los 34 títulos, 21 de ellos pertenecen a dos predios de su propiedad (finca La Reforma), adquirido por la Sociedad Montoya Cock y Cía. En su solicitud de revocatoria de títulos al Incoder, la familia explicó que la finca La Reforma fue invadida en 1984 por campesinos alentados por el movimiento de recuperación de tierras de la guerrilla del Epl en Urabá.

También aseguran que abandonaron los predios por la intimidación y la presencia armada del Epl y que, tras la desmovilización de esta guerrilla, la tierra fue ocupada en los años siguientes por campesinos e incluso por los comandante paramilitares del Bloque Bananero Carlos Vásquez, alias "Cepillo", y Rafael García, alias "el Viejo", que se había desmovilizado antes con el Epl.

Cuestionamientos a granel
En la CNRR y el Incoder, consideran que fueron "inducidos al error" de adjudicar tierras de propiedad privada por Gerardo Vega (excoordinador de la seccional Antioquia de la CNRR) y la Asociación de Víctimas Tierra y Vida (antes Asovirestibi), liderada por Carmen Palencia.

Así lo considera Jaime Jaramillo Panesso, presidente de la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia. "Se indujo al error cuando presentaron a campesinos invasores como desplazados y en otros casos falsificaron documentos y poderes de las víctimas para reclamar tierras y denunciar despojo de paramilitares y particulares. Hay denuncias de todo esto".

El comisionado también cuestiona a Vega por "llevarse la base de datos" de miles de desplazados que reclaman tierras, tras su salida de la CNRR, para beneficio de la Fundación Forjando Futuros (de la cual Vega es directivo) y la Asociación Tierra y Vida.

Otra voz que denuncia irregularidades por parte de Gerardo Vega e "intereses económicos" de organizaciones sociales que representan a víctimas es la de Juan Manuel Zabala Torres, jefe de control interno del Incoder.

El funcionario asegura que descubrió varias irregularidades en los procesos de restitución y titulación gestionados por Gerardo Vega en la CNRR. "Encontramos que se hacían firmar poderes a las víctimas para que les pagaran el 10 por ciento de la reparación obtenida o el mismo porcentaje del valor de la tierra restituida. Incluso, usó formularios donde las personas figuran como clientes y no como víctimas, cuando estos trámites son gratuitos y sin intermediarios".

Zabala agrega que por estos hechos presentó "denuncia ante el programa presidencial de lucha contra la corrupción". Además, negó la existencia de una oficina paralela del Incoder donde funcionarios habrían falsificado más de 700 títulos que sirvieron para el despojo de tierras, aunque sí reconoce que hay exfuncionarios investigados por estos fraudes. Incluso, sostiene que Vega lo llamó y lo amenazó.

La revocatoria de títulos tiene preocupados a las familias de la vereda Nueva Unión. "Estamos angustiados por esta situación y no sabemos si ahora nos toca pagarle a la familia dueña de la tierra o si el Gobierno va a reconocer su error y negociar con ellos", afirma Carlos Oquendo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Unión.

El líder sostiene que Gerardo Vega y Carmen Palencia ofrecieron la titulación de los predios y fueron incorporados a Asovirestibi. "Ellos lideraban el proceso de adjudicación aún a sabiendas de que los predios que ocupamos son invadidos".

Este conocimiento se atribuye al hecho de que Vega (desmovilizado del Epl) fue uno de los líderes del proyecto de recuperación de tierras de este grupo guerrillero en la región de Urabá.

"Campaña de desprestigio"
En su defensa, Gerardo Vega y Carmen Palencia atribuyen las denuncias a una "campaña de desprestigio de un sector del empresariado bananero y ganadero de Urabá que se opone a la restitución de tierras y descontento por las denuncias sobre alianzas con paramilitares y sus testaferros para apoderarse de unas 150.000 hectáreas". Vega dice, además, que "hay un lobby" del empresariado de Urabá ante el Gobierno para desacreditarnos".

Sobre el señalamiento de cobrar a los desplazados por las restituciones y titulaciones por parte de la fundación Forjando Futuros y la asociación Tierra y Vida, ambos indicaron que hace cinco meses renunciaron a ese contrato, que buscaba el pago de administración y los abogados que llevan los procesos jurídicos.

También niegan el uso de la información de los desplazados para beneficio propio. "La fundación no nació con el proyecto de restitución de tierras en 2009, desde años antes empezamos a trabajar y fueron las organizaciones sociales las que construyeron esa base de datos, que luego puse a disposición de la CNRR", afirma Vega.

Y frente a las denuncias en su contra por parte de Juan Manuel Zabala, del Incoder, insiste en que documentaron 768 casos de resoluciones falsas expedidas por funcionarios del Incoder en Urabá. También acusa al funcionario de participar en un foro en Turbo, en abril de este año, con empresarios que, según Vega, despojaron tierras y son testaferros de paramilitares.

Más denuncias en Urabá
Pero el caso de los invasores de la vereda Nueva Unión no es la única denuncia. Habitantes de la vereda California (Turbo), cuyos predios fueron adjudicados en octubre de 2006, niegan ser desplazados por grupos paramilitares y acusan a Gerardo Vega y la asociación Tierra y Vida de utilizarlos para falsas denuncias sobre despojo de tierras e inscribirlos como desplazados.

"No somos desplazados, los que vendieron sus tierras lo hicieron voluntariamente , pero por gestión de Carmen Palencia y Gerardo Vega (en la CNRR) nos inscribieron como desplazados y nos muestran como sobrevivientes de masacres. Ahora tenemos miedo porque el Gobierno ha dicho que las personas que se hagan pasar como desplazados pueden ir a la cárcel", reclama María Oliva Garcés, vicepresidente de la JAC de la vereda California.

Gerardo Vega insiste en que si hubo desplazamiento de 22 de las 43 familias de este sector de Turbo. "Las otras no se desplazaron".

Este cruce de acusaciones tiene enrarecido el ambiente frente a la restitución a desplazados en Urabá, una región donde la tierra se convirtió en botín de guerra del conflicto armado durante las pasadas tres décadas.