Descongestión en 2010, meta de Uribe

El "Plan Nacional Contingente de Descongestión" para reducir el atraso en los procesos penales que han dejado los 44 días de paro judicial será la fórmula de salvación para el Gobierno después de que el presidente Álvaro Uribe Vélez se vio forzado a retirar el proyecto de reforma a la justicia.

Así lo anticipó el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, quien aseguró que con la expedición de varios decretos amparados en la Conmoción Interior, "en las próximas horas" se darán nuevas facultades a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Además, en la Casa de Nariño ya se prepara un proyecto de ley para volver permanentes algunas de las normas que el Gobierno decrete durante la conmoción.

Por ahora, según explicó Valencia Cossio, la idea de los decretos que se expedirán es que las Cortes y los Tribunales puedan determinar "un orden de carácter temático" para el estudio de los procesos, modificar aquellos que determinen la competencia para decidir el futuro de los procesos en única o doble instancia.

También "modificar la competencia territorial de los tribunales y juzgados y permitir, en algunos casos, establecer los asuntos que los tribunales puedan ser decididos sin necesidad de salas de decisión".

Al día en el 2010
Tal vez uno de los puntos más importantes será la facultad de contratar personal en convenio con las universidades, para contribuir en la escogencia de procesos urgentes, así como extender turnos de trabajo con horarios adicionales.

Inclusive, el decreto permitirá que la autorización de vacaciones individuales y colectivas a los funcionarios de la Rama Judicial quede suspendida hasta conseguir un punto de descongestión deseable.

"Estos decretos estarán listos en las próximas horas y el proyecto de ley puede estar en unos ocho días y son tan importantes que a lo mejor estudiamos la posibilidad de entregarlos con mensaje de urgencia y agilizar el trámite legislativo", dijo el Ministro.

Valencia Cossio aclaró que el proyecto de ley buscará "tener un programa nacional de descongestión que haga posible el deseo del presidente Uribe de dejar en 2010 una justicia descongestionada". Por eso, aseguró que así "se levante el paro, las consecuencias están y hay que solucionarlas".

Para el presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil, los decretos que propone el Gobierno deben atacar las razones de fondo de los retrazos judiciales y no atacar con paños de agua tibia esta situación.

Para él, no sirve de nada tener jueces de descongestión que resuelvan casos sin analizarlos.

Debe retirar la Conmoción
El partido Liberal manifestó ayer su preocupación por el Plan B que prepara el Gobierno para hacerle frente al hundimiento de la reforma a la justicia. Es más, sus voceros advirtieron que denunciarían al Ejecutivo si excede las atribuciones contempladas en la Constitución.

Luego de una reunión de la dirección de esa colectividad, encabezada por el ex presidente César Gaviria Trujillo, los liberales no ocultaron su malestar por los decretos que puedan convertirse en leyes al amparo de la Conmoción Interior. Una preocupación que habían manifestado desde el 9 de octubre cuando el Presidente adoptó la medida.

Por eso la vocera del liberalismo en el Senado, Cecilia López, pidió levantar el estado de Conmoción Interior, al argumentar que las reformas que necesita la Justicia "no deben hacerse por decretos".

El senador Liberal Juan Fernando Cristo dijo que en la medida que el Gobierno levante el estado de Conmoción, el liberalismo estaría dispuesto a trabajar en un proyecto de ley que "verdaderamente mejore los problemas estructurales de la Justicia", y ese propósito tiene "su peor camino" a través de decretos que se expedirán al amparo de ese estado de excepción. "Eso no es bueno para la democracia".

Frente a las críticas del Partido Liberal, el Ministro señaló que la conmoción fue antes que el retiro de la reforma. Por eso, garantizó que todos los decretos estarán interesados a subsanar las consecuencias del paro y que a través de ninguno de ellos el Gobierno se atribuirá potestades de la Rama Jurisdiccional.