Desplome en la seguridad
Envío mi más sentido pésame a las familias de Margarita Gómez y Mateo Matamala.
Que las velas que se han prendido por ellos ayuden para iluminar a sus cercanos en este momento oscuro, y que el rechazo masivo les sirva a sus padres y amigos de bastón para apoyar sus pasos en los caminos de serenidad y recuerdos positivos.
El brutal asesinato de estos dos jóvenes investigadores de la Universidad de Los Andes dejó al descubierto los brotes de paramilitarismo que nunca se desmontaron realmente y un descuido en el tema de la seguridad por parte del Estado.
En los últimos cinco años, varios grupos de exparamilitares de la región se reorganizaron en bandas criminales, simplemente cambiando de "razón social", pero manteniendo sus métodos de terror y asesinatos para proteger el negocio del narcotráfico.
Los jefes paramilitares se sometieron, pero dejaron sueltos los subalternos entrenados y listos para cometer cualquier exceso con el fin de proteger sus negocios.
En esas regiones la pelea por el control ilegal del territorio es lo normal, haciendo que sean zonas casi vedadas del país, en donde rige la ley del más violento.
Un tema que, a pesar del proceso de desmonte de los jefes de las autodefensas a mediados de 2006, permanece gracias a la reconfiguración de las bandas emergentes, dejando en evidencia las falencias de un sistema en el que se desmovilizaron los paramilitares, pero no el paramilitarismo.
Estos asesinatos son un ejemplo lamentable de eso.
La tragedia debe servir para visualizar la realidad de la violencia que se sigue manejando en muchas zonas del país, no sólo en Montería, y no ceder un paso en este tema. Algo similar sucede en Nariño, Antioquia, y en algunas regiones de Caldas, demostrando que la idea de que se puede transitar libremente por Colombia está lejos de haberse logrado.
Hay que enfrentarlo. La guerra de narcos, exparamilitares, bandas criminales y guerrilleros, en contra de pueblos aterrorizados y de inocentes asesinados aún no ha terminado.
El delito de estos dos jóvenes fue estar, sonreír y disfrutar sin pedir permiso. Sus jueces fueron ilegales armados y su sentencia fue la muerte. Esto va a seguir ocurriendo mientras grupos al margen de la ley se logren apoderar de la autoridad del Estado y ejerzan una soberanía basada en criterios y prácticas salvajes.
El Estado debe recuperar el control, tener el monopolio de la fuerza y ofrecer las garantías a la población civil para que sea juzgada únicamente por los criterios de la Ley. La muerte de Margarita y Mateo, que se sintió tan cerca y sensibilizó tanto a los medios de comunicación y a cientos de colombianos anónimos que no salen en los periódicos ni en la televisión, es un llamado al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos para que no ceda en la guerra contra los alzados en armas.
Desde el Ministerio de Defensa, el mandatario hizo un trabajo admirable en este sentido, el cual tiene que seguir fortaleciendo ahora desde su Presidencia. Tiene el equipo y los recursos para hacerlo y no se puede caer en triunfalismos falsos de que su antecesor acabó con el flagelo de los paramilitares en Colombia y entender que hoy ese es un problema tan grave como lo fue en 2006, pero que se denomina de otra manera: bandas criminales en función del narcotráfico.
Estos asesinatos recuerdan que hay dos colombias.
Una, que es el país urbano que cree que el conflicto del paramilitarismo y la guerra quedaron atrás; y otra, que es el territorio bárbaro, en donde viven cientos de miles de colombianos entre el miedo y la muerte, gracias al narcotráfico.
El panorama no puede ser peor.