DMG tumba asesor y enreda a gobernador
Por aparecer vinculado en una conversación en la que estaría impulsando un negocio de divisas con la cuestionada firma DMG, el Gobierno le canceló el contrato al asesor en la Consejería para las Regiones de la Presidencia, el antioqueño Félix Alfázar González.
El escándalo, revelado por la revista Cambio, motivó al secretario General de Presidencia, Bernardo Moreno a cancelarle el contrato porque, según dijo, en repetidas ocasiones González mintió sobre las acusaciones con DMG.
Agregó que en enero, antes de renovarle el contrato, le pidió al asesor revelar qué tipo de relación tenía con DMG para evitarle problemas a la Presidencia, "pero mintió".
"Ayer (miércoles) a las 10 de la noche dije que procedieran a dar por terminado el contrato, haciendo uso de una cláusula que tiene el contrato de Alfázar", dijo.
Según Cambio, González sostuvo una conversación telefónica con Margarita Pabón, la abogada de DMG condenada por lavado de activos, en la que le plantea la posibilidad de que un hermano suyo colabore en el montaje de la firma DMG en Medellín.
A este diálogo, se suma otro entre el abogado Óscar Iván Palacio y el socio de DMG, Daniel Ángel, en el que vuelve a salir el nombre del asesor destituido.
En la grabación, Palacio le dice a Ángel: "Creemos en la posibilidad financiera de la empresa y en la honorabilidad de ustedes y ahí estamos". Agrega que Velásquez y Alfázar "están atentos a orientar y ayudar a DMG".
El secretario de Prensa de Presidencia, César Mauricio Velásquez, dijo no entender por qué su nombre aparece en las grabaciones y asegura que se siente traicionado por el abogado Palacio. "Uno puede terminar traicionado (?) me parece ultrajante que se utilice el nombre de uno de esa manera y por eso pido que se compruebe", señaló.
Alfázar González, ex alcalde de Frontino, Antioquia, ya había sido vinculado a DMG, cuando su nombre apareció, en mayo pasado, en una tarjeta de invitación de DMG a la clausura de un encuentro de alcaldes, en Bogotá.
Vinculan a gobernador
De otro lado, el fiscal general Mario Iguarán anunció que el gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, fue llamado a rendir versión. Una vez se cumpla ese procedimiento, la Fiscalía determinará si abre o no investigación preliminar.
Berrío aparece vinculado al escándalo por haber recibido presuntamente dinero para financiar su campaña a la Gobernación de Bolívar.
Y mientras se define la suerte de Berrío, el embajador de E.U. en Colombia, William Brownfield, dijo que su Gobierno podría solicitar la extradición de David Murcia, si se comprueba que el empresario habría realizado operaciones financieras ilegales en ese país.