EL AUDITOR Y LA CONTRALORA
Válidas y oportunas las preguntas que el columnista Ramiro Bejarano le hizo a la contralora Sandra Morelli en un derecho de petición sobre contratos de diverso orden y el arriendo del edificio de la nueva sede de la entidad, que cuesta 2500 millones de pesos mensuales.
Inconclusas, erradas e incompletas las respuestas de la funcionaria. Especialmente porque, fuera de no contestar los interrogantes, su defensa fue un ataque mayor, cargado de insultos y acusaciones en contra del periodista y miembros de su familia sin ninguna justificación.
Impresentable.
Morelli, como otros servidores públicos, tienen la obligación de responder ante peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular.
El gasto de más de $60.000 millones en dos años, que es lo que dura el contrato de arrendamiento del edificio de la antigua sede de DMG, cae en esa definición, sobre todo porque antes de esto la Contraloría se encontraba en un edificio de su propiedad que no generaba mayor gasto para el Estado.
Según reportó Semana, toda esta situación se inicia por un capricho de la contralora, que no soportaba tener que viajar al centro de la capital. Y aunque Morelli había anunciado la construcción de un nuevo edificio que les sería entregado en un plazo de dos años, esa obra todavía no se ha iniciado, lo que deja el interrogante de qué va a pasar después de 2014, cuando caduca el contrato de la costosa sede, la misma fecha en la que Morelli termina su mandato como contralora.
La reacción agresiva y desmedida de Morelli en contra de quien la cuestiona deja más interrogantes que respuestas.
Su mayor defensa es establecer que la Auditoría General, ente encargado legalmente de controlar y vigilar a la Contraloría, acaba de iniciar una investigación sobre los hechos en cuestión y emitirá su opinión.
Ahora bien, eso pone en manos de un funcionario controlado por Morelli la investigación de la legalidad y legitimidad de sus actos.
Así como suena.
Jaime Raúl Ardila Barrera, Auditor General de la República, fue apoyado para conseguir su cargo por la misma Sandra Morelli, el anterior auditor Iván Darío Gómez Lee y el procurador Alejandro Ordóñez, aliado intimo de la contralora.
Ardila, fuera de estar involucrado en un escándalo por plagio en varias de las columnas que escribía para los diarios La República y Vanguardia Liberal, es un funcionario de bajo perfil y con poca influencia como para realizar una investigación fuerte y seria en contra de una persona tan poderosa como Morelli.
Eso, sin mencionar la poca o nula independencia que puede tener Ardila para dirigir una indagación en contra de una de las personas que lo apoyó e hizo lobby ante el Consejo de Estado para que fuera nombrado en su cargo. En pocas palabras, Ardila le debe el cargo a Morelli. ¿No será que le paga el favor en esta oportunidad?
Está por verse.
Es claro que la contralora, junto al procurador Ordóñez, son los funcionarios que más presumen de su labor de control y vigilancia, pero a la vez son los que más atacan y agreden cuando los medios ejercen esa labor sobre ellos. Irónico.