El Estado debe ser eficiente y transparente
A pocos días de posesionarse el nuevo presidente de los colombianos, éste ha venido dando muestras de estar suficientemente capacitado y preparado para asumir tan difícil y privilegiada dignidad, ya que con gran tino y ponderación ha sabido obviar asuntos complejos y dificultades de último momento, los que muy seguramente le tomarán toda la atención una vez acceda a la primera magistratura el próximo 7 de agosto.
Es de resaltar la forma como ha venido escogiendo su equipo de más cercanos colaboradores con total discreción e independencia, producto de la tranquilidad que le otorga la manera contundente como triunfó en las pasadas elecciones, rodeándose de importantes personalidades, profesionales con amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado, con hojas de vida llenas de pergaminos y sobre todo con una reconocida y bien ganada reputación.
En estas horas previas a la posesión, los designados ministros han dado a conocer sus proyectos y la forma como van a llevar a cabo el programa de gobierno del nuevo mandatario, se han anunciado las posibles reformas, como la escisión de algunos ministerios y la supresión de instituciones que durante los últimos años han tenido un balance negativo.
Lo que realmente no hemos escuchado, o, si se ha hecho ha sido de manera tímida, es la postura del nuevo gobierno acerca de cómo va lograr que el Estado como ente promotor, planeador, regulador y controlador, sea el más eficiente y transparente y esté al servicio de todos los ciudadanos, promueva la prometida prosperidad, garantice la prevalencia del interés general y asegure la convivencia pacífica.
Y es que al gobierno del presidente Santos le corresponderá una ardua labor para enfrentar la complejidad institucional originada en el centralismo, en la rigidez e inflexibilidad de la administración, por el tamaño del Estado y de su burocracia, por la apatía en el servicio, la descoordinación interinstitucional y la falta de interacción del ciudadano con la administración. Las anteriores condiciones entorpecen gravemente la ejecución de las políticas públicas, incentivan la desidia y la corrupción, el despilfarro y el clientelismo en desmedro de una administración eficiente y transparente.
Con la gobernabilidad con la que ingresa el ejecutivo, muy seguramente va a contar con amplias facultades para reorganizar la administración pública, por lo que no podrá desaprovechar semejante capital político para otorgar mayor seguridad jurídica para todos los agentes económicos, para fortalecer los procesos de control, para la agilización del sistema de contratación estatal, para redefinir la rendición de cuentas de todas las instituciones públicas, para mejorar los canales de comunicación de la administración con los ciudadanos y para darle un manejo gerencial y técnico al recurso humano encaminado a la profesionalización de los empleados públicos y a su evaluación por desempeño.
El flagelo de la corrupción, que esquilma importantes recursos del erario público, continúa expandiéndose por todas las actividades públicas con la complicidad indolente de muchos sectores, lo que exige la voluntad política y la intervención urgente del nuevo gobierno para combatirla en todas sus modalidades, incentivando todos los mecanismos de participación ciudadana, propiciando la autorregulación de los servidores públicos, incrementando el régimen de sanciones y herramientas de control, además de exigir por las vías legales que cada ente estatal y los particulares con funciones públicas suscriban y cumplan los pactos de transparencia, de probidad, y se establezcan de manera regular los códigos de buen gobierno y declaraciones éticas.
A la nueva administración también le corresponderá armonizar el trabajo y conseguir la colaboración entre las diferentes ramas del poder público, que permitan compartir y unificar la información, expedir y aplicar normas e imponer sanciones ejemplarizantes tendientes a combatir la corrupción manifestada a través del clientelismo en la contratación y en el empleo público; así mismo deberá promover la cultura de la legalidad y de la transparencia invitando a todos los actores políticos y a la sociedad civil, para definir conjuntamente las acciones estratégicas y de gestión que se comprometerán a emprender de inmediato para superar el nefasto, complejo y arraigado problema de la corrupción administrativa.