EL OBSOLETO SISTEMA ELECTORAL
Las graves denuncias hechas por diferentes sectores de la sociedad y algunos partidos políticos sobre las posibles irregularidades que se presentaron en las pasadas elecciones legislativas, dejan en entredicho la funcionalidad de entidades como el Consejo Nacional Electoral y la misma Registraduría Nacional del Estado Civil.
Por tanto, lo antes posible, las autoridades competentes deben aclarar la situación de presunto fraude, que deja mal parada también a la democracia colombiana, la más tradicional de América Latina.
Los ciudadanos, quienes salieron a cumplir su deber de votar e incluso quienes no lo hicieron, deben ser respetados como lo dictan la Constitución y las leyes. Se les tiene que dejar en claro, si nuevamente el sistema electoral colombiano retomó las antiguas prácticas de clientelismo, reflejadas en la compra de votos y la aparición alarmante, sin ninguna explicación, de un alto porcentaje de sufragios nulos.
En este caso, ya no se trata si son los partidos de la coalición que apoyan al Gobierno o los de la oposición quienes tengan la razón. Son los colombianos los que merecen la transparencia por parte de las instituciones del Estado. Es la decisión del electorado, y únicamente la voluntad de la gente es la que legitima el mandato por votación popular.
En una democracia, cuando se convoca a elecciones es para que el pueblo, como mandato supremo, decida quiénes serán sus gobernantes. No es el Estado el que toma la iniciativa, porque se faltaría gravemente a ese principio democrático.
Sin embargo, sorprenden las descalificadoras explicaciones dadas por el registrador, Carlos Ariel Sánchez, en algunos medios de comunicación, al desconocer las denuncias de algunos partidos políticos. Declaraciones que les restaron importancia a las reclamaciones, con el argumento de que el precuento no tiene valor legal. Además, afirmando que cualquier error de un jurado de votación se corrige en los escrutinios.
No obstante, estas presuntas irregularidades ya están en manos de la Procuraduría, la Fiscalía y la Misión de Observación Electoral de la OEA. Por tanto, la Registraduría debe poner a disposición de estos organismos, todos los recursos necesarios, para que garantice la transparencia democrática con resultados oportunos y veraces.
A raíz de las dudas generadas en estas últimas elecciones, el nuevo Congreso de la República, y el Gobierno Nacional, tienen la urgente tarea de reestructurar con lo último en tecnología, el anacrónico sistema electoral colombiano. La democracia pide participación, pero también resultados claros, para que nunca deje de ser.