EL ORO Y LA SANGRE
No es la primera vez que oigo hablar de esta historia. En 1979, cuando estalló la guerra, escuché en palabras de un indígena algunos de sus pormenores. Un hermano suyo descubrió una mina de oro en el Alto Andágueda, en los límites de Antioquia y Chocó. Un minero antioqueño se apoderó de ella y consiguió con maniobras legales e ilegales que el Ministerio de Minas le concediera un título para explotarla. Los indios se rebelaron y asaltaron la mina. El hacendado logró que un destacamento de la Policía Nacional los hostigara, los cercara y meses después entrara a sus tierras a sangre y fuego para recuperar la mina.
Su intento fracasó. En diciembre de 1979, el Incora reconoció legalmente la existencia del resguardo indígena y luego el Ministerio de Minas les concedió los títulos mineros a los indios. Sin embargo, la guerra por el oro no acabó. El resguardo fue invadido en forma sucesiva por guerrilleros del M-19, el ELN, el EPL, las Farc, tropas del Ejército Nacional y grupos paramilitares.
En 1987 la guerra por el oro volvió a estallar. Esta vez, azuzados por los invasores, los indígenas se dividieron y se enfrentaron entre sí por la posesión de la mina. Más de 300 emberas murieron en los combates.
Durante más de quince años seguí esa historia. En 1995, durante una tregua que permitió el regreso a sus tierras de miles de indígenas desplazados, me propuse contar esa larga historia. El libro se llama "El oro y la sangre". El primer capítulo dice: "En un lugar muy lejano de las selvas del Alto Andágueda, por el camino lleno de barro que atraviesa los montes y que va desde la fonda de Docabú hasta los potreros abiertos de la misión de Aguasal, hay un caserío formado por varios ranchos, casi todos construidos con tablas de madera y zinc. A primera vista no parecen ranchos indígenas: el techo no es de palma ni las paredes de guadua. Pero en ellos viven algunos indios embera, refugiados con sus mujeres y sus hijos de una guerra absurda, como casi todas las guerras. Una guerra que ha matado ya a muchos hombres y mujeres y niños indígenas desde que estalló, en 1987".
A partir de 2008, en un acto irresponsable, el Gobierno nacional inició una intensa concesión de títulos mineros en áreas que estaban dentro de los límites del resguardo indígena y entregó el 62 % del territorio embera —31.000 hectáreas— a once empresas mineras, entre las cuales se destacan LEO SOM, Anglogold Ashanti, Exploraciones Chocó Colombia, Costa SOM, El Molino ASOM, Sociedad Góngora Som, Anglogold American Colombia, Capricornio SOM, y Negocios Mineros SA. La reanudación de la actividad minera legal e ilegal para los indígenas se tradujo en desplazamientos forzados, asesinatos de líderes, confinamientos, reclutamiento de sus jóvenes, siembra de minas antipersona y amenazas por resistirse a la siembra de coca.
Esta semana, en un fallo sin precedentes en la historia de Colombia, el Tribunal Superior de Antioquia ordenó la restitución de más de 50.000 hectáreas a los indígenas del resguardo del Alto Andágueda. La sentencia también ordenó suspender los títulos y concesiones mineras que operan dentro de sus tierras y proteger los derechos territoriales de esta comunidad formada por más de 7.000 indígenas.
El Tribual aprobó además cerca de 30 medidas para proteger a las comunidades y garantizar su retorno, llevar a ese territorio programas sociales del Estado, construir puestos de salud, casas y albergues temporales, presentar un plan de protección de los principales líderes de las comunidades y sacar a los particulares que desarrollan actividades mineras legales e ilegales.
Parece que Karagabí, el dios protector de los embera, por fin se acordó de ellos.