El socavón de la legislación

Pese al inicio del revolcón en la administración y fiscalización de la minería en el país, la debilidad legal e institucional para controlar el boom a la exploración y explotación minera es evidente.

Esa fue la conclusión a la que llegaron dos senadores de la República y un especialista en legislación minera consultados por EL COLOMBIANO.

No basta con el nombramiento de Mauricio Cárdenas en la cartera de Minas y Energía (en reemplazo de Carlos Rodado) ni con la reforma constitucional a las regalías (que llevará más recursos al país y habrá una mejor distribución de los mismos) porque "la situación administrativa en Ingeominas y en las delegaciones mineras es de un estado de postramiento", tal y como aseguró Alexander Restrepo, abogado consultor en gestión jurídica, ambiental y minera.

Legislación incipiente
El presidente Juan Manuel Santos, en su plan de gobierno aseguró que el progreso de la economía nacional depende principalmente de la locomotora de la minería.

Y es que la combinación de dos factores, los altos precios de los minerales (oro, carbón y níquel) y la estabilidad en seguridad en bastas zonas del país, han propiciado la entrada de más de 150 multinacionales mineras, quienes han visto a Colombia como un país inexplorado y con grandes reservas de riqueza aurífera. Situación que llevó a que el Gobierno viera la posibilidad de que la minería jalone la "mayor cantidad de vagones para traer prosperidad a cada uno de los compatriotas", en palabras del Ministro Cárdenas.

"Pero la entrada de todas estas empresas literalmente cogió al Estado sin estructura y sin capacidad de respuesta alguna", expresa Restrepo.

Desde 2004 a la fecha Ingeominas ha recibido 19 mil solicitudes para títulos de exploración y explotación minera y solo en el transcurso del presente año ha emitido alrededor de 200.

"La avalancha se le vino encima a Ingeominas y desde enero decidió no recibir más solicitudes ante la incapacidad de tramitar los pendientes y los nuevos que le estaban llegando", reiteró el experto en legislación minera.

Esta situación se suma al limbo en el que se encuentran alrededor de 15 mil pequeños mineros (cifra de la Defensoría del Pueblo) que, según el senador Jorge Enrique Robledo, están en peligro de desaparecer porque su forma de hacer minería "riñe con los intereses de las transnacionales y la legislación actual no ha funcionado para legalizar la minería de hecho".

El Código Minero
La ley 685 de 2001 es el marco jurídico que regula la actividad minera en el país. En ella está consignado (como lo manda la Constitución de 1991) el principio de que el Estado es dueño del subsuelo y la superficie y los minerales que se encuentren en él podrán ser explotados por aquel que solicite de título de exploración y explotación.

Sin embargo la ley 1382 de 2010 reformó la ley 685 y estableció que aquel que quiera hacer extracción debe demostrar la capacidad para hacerla (capacidad económica, que no se encuentre en áreas de protección y reportar la presencia de comunidades indígenas o afro o la existencia de pequeña minería). Pero en la formulación de la ley 1382 no se consultó a las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Por eso la Corte Constitucional la declaró inexequible y le dio dos años más de vigencia hasta que se solucione este defecto a través de otro proyecto de ley.

Y mientras el Gobierno termina de redactar el nuevo proyecto de reforma al Código Minero (que deberá presentarle al Congreso en el actual periodo legislativo), hay zonas del país que están convulsionadas por la entrada de las multinacionales y la fragilidad legal e institucional para controlar la compra masiva de títulos, la especulación de hectáreas con riqueza mineral y la posibilidad de que la minera de hecho desaparezca.

Dos casos ilustran esta situación: El primero es la protesta de miles de habitantes de Bucaramanga quienes denunciaron que a Graystar, multinacional canadiense, se le habían aprobado títulos para explotar oro en el páramo de San Turbán donde nace el agua que abastece a la capital de Santander.

O el caso de los pequeños mineros de Marmato, Caldas, que enfrentan un litigio con la multinacional Gran Colombia Gold (Medoro) que adquirió más del 70 por ciento de los títulos mineros del municipio y quiere hacer una explotación a cielo abierto. "La legislación actual es mediocre y está montada en beneficio de las multinacionales. Hasta ahora hay una actitud de alcahuetería con estas compañías y ahí tenemos lo que está pasando en varias regiones del país", aseguró el senador Robledo.