EL UBÉRRIMO S.A.S.
La historia va así. El exmiembro de la junta directiva del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz, escribió una columna el 6 de octubre estableciendo que durante el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe, se privilegió gasto público a favor del patrimonio familiar del gobernante.
Para hacer esta grave acusación el académico se basó en un informe de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario número 0660 del 2013, el cual dice que el expresidente y su familia resultaron beneficiados de inversiones por parte del Incoder que privilegiaron el sistema de riego en el distrito Mocarí.
El Presidente respondió en su cuenta de twitter diciendo que Kalmanovitz mentía, y que sus fincas se beneficiaban del drenaje pero no del riego.
El segundo round de la historia vino cuando el periodista Daniel Coronell, en su columna del 12 de octubre, sumó otro tronco de leña al fuego de la investigación.
Coronell publicó el decreto 732 del 10 de marzo de 2008, en el cual, con la firma del Presidente Uribe, el gobierno seleccionó los distritos que consideraba de “importancia estratégica” para que el Incoder adelantara las obras correspondientes.
Las inversiones públicas de Mocarí como consecuencia de ese decreto fueron de más de tres mil millones de pesos, de los cuales casi la mitad se destinaron a canales de drenaje.
De acuerdo a la Contraloría, la inversión benefició 490 hectáreas de algunos de los 59 predios que hacen parte de la Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. (sociedad por acciones simplificada), que a la fecha suman 1.479 hectáreas. Esa sociedad es de propiedad del expresidente y su familia.
La Contraloría establece que se beneficia del drenaje y el riego, y que la inversión que favorece los bienes de la familia Uribe Moreno sería de más de setecientos millones de pesos, y podría llegar a los mil quinientos millones de pesos si las fincas El Porvenir, La Sinuana y La República, que hacen parte de una sociedad anónima simplificada, pertenecen a la misma familia.
Frente a estas fuertes denuncias, el Centro Democrático publicó un comunicado el 13 de octubre, respondiendo que Uribe no se declaró impedido para firmar el decreto 732, porque simplemente esa inversión no benefició sus propiedades. (ver comunicado http://www.primerocolombia.com/galerias/interna/3199).
Lo que no hace Uribe es responder si las fincas El Porvenir, La Sinuana y La República, beneficiarias del Distrito de Riego Mocarí, son del exmandatario o de su familia.
Un sí o un no bastaría para el país.
Es posible que en el momento de la firma del Decreto 732 el Presidente no se haya percatado que la inversión pública iba a beneficiar 490 hectáreas de las cuales su familia era propietaria. Pero negarlo en este momento, evadiendo los hechos y la evidencia, tiene otras implicaciones.
Después de las evasivas, la pregunta ahora para el presidente Uribe, es: cuánto dinero se destino en su gobierno para el Distrito Mocarí y si, a su juicio, los colombianos tenían derecho a saber que entre las propiedades beneficiadas de eso había fincas suyas, de su esposa y de sus hijos Tomás y Jerónimo.