Empiezan cruzada por los indígenas

La injusticia que por décadas ha azotado a los indígenas pareciera por fin estar sobre la mesa y con un compromiso real. Con la reestructuración de la Fiscalía y la implementación de la política de priorización, análisis y contexto de casos, se han empezado a dar pasos en busca de resultados de hechos casi olvidados.

Por ejemplo, por hechos como el asesinato de los líderes arhuacos Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Huges Chaparro Torres, quienes el 28 de noviembre de 1990, fueron retenidos por hombres armados cuando se dirigían a Bogotá para participar en la Asamblea Nacional Constituyente, los esfuerzos giran en torno a la necesidad de que estos casos como ese no prescriban, para que se pueda dar con los responsables. "Lo que queremos es que estos casos sean declarados delitos de lesa humanidad", dice Lorena Calderón, fiscal especializada de la unidad de análisis y contexto.

Esta es la tarea con la que el 9 de julio pasado el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, salió del resguardo Nabusímake, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Allí, cara a cara con medio centenar de indígenas, entre ellos mamos, Perdomo escuchó reclamos y se comprometió con avances, por lo menos, en 70 de los 107 casos que le fueron expuestos.

Los temas que concentraron la reunión entre Perdomo y los mamos fueron básicamente cuatro: los asesinatos de los tres líderes indígenas masacrados en Curumaní, la violencia contra menores, el desplazamiento forzado y la minería ilegal. Todos están atravesados por la violencia que desde los años 80 sembraron los grupos paramilitares, las guerrillas e incluso algunos agentes del Estado