En el país de los desaparecidos
En este país tremendo hubo un tiempo no muy lejano -me dice el experto con el que hablo- en el que un desaparecido o un NN "valían lo mismo que un perro".
Por eso miles de osamentas, envueltas en bolsas negras y grises de plástico sin marcar, reposan en cementerios y fosas comunes improvisadas. Son los huesos extraviados de una guerra interna perdida por todos. Ayer revelaron una cifra escandalosa sobre lo que le ha costado al Estado colombiano el conflicto armado, desde 1980: cinco billones de pesos cada año.
Eso corresponde a la econometría, a la plata que se escurre por el roto que le abren los balazos al fisco. Lo otro es el costo social: los odios reciclados. Las familias y las comunidades destruidas. El desgaste permanente de nuestras energías colectivas. El boquete que exhiben por lo menos seis generaciones agobiadas por los atropellos y daños de los grupos armados ilegales. Los niños y jóvenes absorbidos por la "agencia de empleo" que han sido la guerrilla, los paramilitares y las bandas de todo tipo.
En medio de ese estercolero se descubre un capítulo aterrador: el de los desaparecidos y cadáveres NN. En un estudio que conocí del tema se advierte que, en procura de hallar restos e identificarlos, los investigadores judiciales tropiezan con depósitos de huesos arrumados sin ningún protocolo ni custodia y que la cifra oficial de desaparecidos que ha manejado la Fiscalía (33 mil, según sus hallazgos, cálculos y proyecciones) puede fácilmente triplicarse. "Es casi un hecho que no bajan de 100 mil", me dice la fuente con un triste aire de certeza.
Lo peor es que aun hoy, aunque hay esfuerzos loables de los fiscales de Justicia y Paz, del CTI y de varias ONG, no existen listas unificadas ni una coordinación interinstitucional vigorosa, sistemática y sistematizada frente al drama.
El gran responsable del esclarecimiento de esos crímenes (de buscar la verdad), de su penalización y de su reparación a las víctimas es el Estado. La mayor parte de los restos y de sus "documentos de identidad" continúa dispersa en cementerios, inspecciones de pueblo y hospitales provinciales. También en bóvedas parroquiales y en tumbas periféricas clandestinas.
La Constitución y varias sentencias de la Corte Constitucional (la 162, del 94; la 609, del 95 y la 462, del 98) garantizan y exigen que se permita completar el duelo y venerar la tumba de aquellos miles de muertos. Pero aún persiste el miedo de los familiares de las víctimas al estigma social y a las represalias de los grupos armados. Mucha gente, incluso, no tiene el dinero para pagar las bóvedas que han guardado por años a sus parientes desaparecidos.
Debe cesar aquel tiempo en que esta sociedad se anestesió frente a matanzas y exterminios selectivos. Recuperar de las sombras a esos miles de personas asesinadas es una urgencia, una obligación. O no tendremos, créanlo, ni justicia ni sanación posibles.