En el país hay 636 profes en riesgo
A Montería, en Córdoba, llegaron el fin de semana pasado 44 profesores desde la vereda Tierra Alta. Cogieron lo que tenían a mano y arrancaron para la cabecera municipal. Los habían amenazado, en su momento se dijo que supuestos grupos paramilitares.
El asunto sucedió así: esa semana cuatro profesores recibieron mensajes de texto donde se les decía que tenían que abandonar la Institución Educativa de la zona o de lo contrario su vida estaría en peligro. El anexo era que ese comunicado se hacía extensivo a los demás maestros.
Ya esta semana la situación se aclaró. Según Mauricio Perfetti, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, 20 profesores ya están otra vez en el corregimiento dando clases, 23 casos están en proceso de investigación para determinar su situación y una profesora será reubicada debido a problemas personales.
Según datos del Ministerio de Educación, en Colombia se han presentado desde el año pasado hasta la fecha, 636 casos de docentes amenazados, de los cuales 329 han sido reubicados, 43 se han visto obligados a salir del país y 216 siguen enseñando en el colegio en el que se presentó la intimidación.
En Medellín, afirmó José Joaquín Villalba, director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, se han presentado este año 52 amenazas, el mismo número para esta época en 2010.
De esas situaciones, que son presentados ante la Fiscalía por los mismos docentes, se han determinado como verdaderas situaciones de peligro, dos.
Sumado a eso, Villalba señala que "la Fiscalía, de esos 52 reportes, no ha encontrado a ningún intimidador, se hace la investigación y al final no se encuentran resultados".
¿Cómo actúa la ley?
Con el decreto 3222 de 2003 se creó un comité especial para estudiar, evaluar y resolver las situaciones en las que los docentes tienen en riesgo su integridad.
En el caso de Medellín, esa mesa está conformada por el Alcalde, el Procurador, el Secretario de Educación, dos representantes del sindicato mayoritario, en este caso Adida, y el director de Recursos Humanos.
Ese grupo de trabajo analiza todas denuncias interpuestas por los profesores y de allí le dan paso a la Policía, la única entidad autorizada para investigar las denuncias y determinar si verdaderamente el riesgo es ordinario -como sucede en la mayoría de los casos que no representan peligro- o si es extraordinario.
"Pero antes de que nos reunamos, incluso inmediatamente conocemos el caso, yo mismo tramito la reubicación de manera transitoria, por ejemplo, de esos 52 profesores no tenemos a ninguno que no se haya reubicado", afirmó Villalba.
Uno de los problemas que se ha evidenciado en todo este proceso, dice el funcionario de la Secretaría de Educación, es que los resultados de la Policía se demoran, y para el caso presente, de 52 profesores, solo está el estudio de 10.
En palabras del Viceministro, en las amenazas a profesores hay de todo, "se encuentran casos que corresponden a riesgo ordinario que le pueden pasar a cualquier persona, hay situaciones de deudas y también está la intimidación de grupos armados".
Desde el 2003 este tipo de violencia contra los profesores ha disminuido, dicen en el Ministerio de Educación, y agregan que en la mayoría de los casos el riesgo es ordinario, "pero el tema nos sigue preocupando".