¿Enderezará el Congreso?

Se instala hoy en el Congreso de la República la tercera legislatura ordinaria del Gobierno de Juan Manuel Santos, y el ambiente no es bueno.

Hay incertidumbre por la forma en que el Gobierno manejará sus relaciones con el Legislativo; por la forma en que los parlamentarios pueden o no cobrarle al Gobierno el haberles atribuido el fallido trámite de la reforma a la Justicia; y por la agenda del propio Gobierno, ya con la vista puesta en su reelección, y por lo tanto, supeditando a ella la presentación o no de proyectos vitales para la Nación, pero impopulares electoralmente.

Incertidumbre además por la elección de secretarios de Senado y Cámara y por la actitud de los congresistas frente a una ciudadanía que de una actitud crítica está pasando al hastío.

El inicio inmediato de esta legislatura seguramente pase por un acomodo de fuerzas, en el que el Congreso intente posicionarse frente al Gobierno y mostrar asomos de independencia o incluso de control político.

Sin embargo, como lo hemos sostenido en tantos editoriales, mientras el Ejecutivo maneje el grifo de la burocracia y tenga bajo su administración la ejecución del presupuesto nacional, nuestro sistema institucional ha asumido como usual que el Parlamento se pliegue a las directrices del Gobierno, y concretamente del Presidente, sea éste del partido que sea.

La iniciativa legislativa de los congresistas se irá destapando con el paso de los días. Pasan por allí toda clase de proyectos, desde los más imaginativos hasta los más extravagantes. Y de parte del Gobierno, ya se han anunciado los proyectos relativos a las Corporaciones Autónomas Regionales y el Código Minero. Poco más.

La reforma tributaria ha estado sujeta a toda clase de dudas, amagos y retractaciones. La inaplazable reforma al sistema pensional ni siquiera se menciona. Y no porque ambas no sean necesarias. Al contrario, lo son, pero como decíamos al principio, su prioridad cede ante las urgencias políticas del Presidente y su eventual aspiración reeleccionista.

Pero, de todos estos problemas, el país ve como, día a día, crece el de la salud. El Congreso tiene que hacer el gran debate sobre el tema, a pesar de que buena parte de la crisis resida en la apropiación clientelista y presupuestal que de varias EPS hicieron algunos congresistas.

Y unas preguntas ineludibles: ¿está el Congreso ante su peor crisis de imagen, como se ha dicho? ¿Hay que revocarlo, si eso llegare a ser posible?

Ambas respuestas, a nuestro criterio, son negativas. El desprestigio es ya tradicional, lo que no indica que eso deje de ser menos malo. Y de la revocatoria, ya tuvimos la experiencia en plena euforia constituyente de 1991, sin que se haya avanzado un centímetro en calidad institucional parlamentaria.

El Congreso parece haberse acostumbrado a lidiar con su pobre imagen, y los Gobiernos a sobrellevarlo así, sin mucha pesadumbre. El movimiento ciudadano que asomó luego de la vergonzosa reforma judicial pudo hundir la reforma, pero no sabemos aún si tendrá capacidad para cambiar el rumbo del Congreso o la forma en que el Gobierno maneja sus relaciones con aquel.

Y entonces, ¿qué puede cambiar? La consolidación de la vigilancia ciudadana. El mes pasado recogimos esa expresión de indignación pública que tuvo efectos políticos. No bajar la guardia y mantener la exigencia es el mensaje del que deben tomar nota tanto el Gobierno como el Congreso