¿Es la reforma que requerimos?

La semana pasada se anunció otro acuerdo entre el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y los parlamentarios ponentes, para ajustar el texto de la reforma a la Justicia, que ya va para su sexto debate.

No es el primero de estos acuerdos "salvadores", pues anteriormente se habían suscrito otros, tan fugaces como endebles en su cumplimiento.

Luego de los primeros acuerdos, vinieron el marginamiento del Consejo de Estado, que se retiró de las discusiones, y las críticas de la Corte Suprema de Justicia, inconforme por la pérdida de sus poderes electorales.

El Congreso, mientras tanto, aprovechó sin mucho lamento la ausencia de las Altas Cortes, para ir convirtiendo lo que era una reforma a la Justicia, en un blindaje para los propios parlamentarios a la hora de comparecer en procesos investigativos.

Y el Gobierno, por su parte, dividió su vocería entre el hasta ahora ministro del Interior, Germán Vargas Lleras , y el menos político ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra , cuyo liderazgo en el trámite de la reforma ha sido tibio.

Y así se llegó hasta el sexto debate que comienza ahora, de los ocho reglamentarios, sin que haya habido una idea clara, medular, de la filosofía de la reforma, ni de sus objetivos primordiales.

Vemos una reforma reglamentarista, casi de código procesal, que engorda la ya prolija Constitución en sus extensas disposiciones formales.

El último de los acuerdos anunciados sintetiza en diez puntos lo que va a ser la recta final de los debates. Con el precedente de que en cada uno de ellos se meten tantas modificaciones, que seguramente no pasará el examen de exequibilidad en la Corte Constitucional.

De los 10 puntos, hay unos que concitan consenso, como la supresión del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Instituciones estas dos que poco o nada han dejado para la fortaleza de la democracia.

Otros puntos son más polémicos, como la atribución de competencias jurisdiccionales a abogados particulares o notarios. Es un asunto que hay que tratar con el mayor cuidado. Requiere el máximo nivel ético en la profesión, y no imponer ese mecanismo salvo que las partes intervinientes en el proceso convengan en él.

Si eso es lo que va a tener para mostrar en su próxima campaña reeleccionista, es mejor que el Presidente Santos siga anunciando casas gratis. Porque lo que es a la Justicia, ni él ni sus ministros ni su amplia coalición en el Congreso -ni los magistrados, por supuesto- pudieron enderezarle el rumbo.