Estado afina medidas contra robo de tierras
La posible intervención de la Superintendencia de Notariado y Registro por parte del Gobierno permitiría recuperarse de un atraso de casi 30 años que tiene esta dependencia.
Eso es lo que piensa el actual superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, luego de que el ministro del Interior, Germán Vargas, anunciara que si el Senado aprueba el proyecto de ley que permite la escisión de tres ministerios y la intervención de varias entidades del Estado, se pondría mano en esa dependencia.
Esto, según el Ministro del Interior y Justicia, porque se detectó que en el robo de tierras había personal adscrito a las oficinas de Registro. Algunas de estas personas ya están siendo judicializadas.
Por eso, Vélez considera que "es necesario profesionalizar el personal de la Superintendencia, porque tenemos más de 30 años de atraso. Hay técnicos que están revisando actuaciones de abogados".
Hace un mes, en entrevista con EL COLOMBIANO, Vélez denunció que se habían detectado irregularidades en la titulación de por lo menos 120.00o hectáreas.
El hallazgo se hizo, gracias a la creación de un grupo elite conformado por abogados, sociólogos y trabajadores sociales, que comenzaron a recorrer el país para evaluar cómo debería ser el accionar de la Superintendencia en caso de la aprobación de la Ley de Víctimas, que contempla la restitución de tierras a víctimas de los grupos armados ilegales.
Fue ahí cuando encontraron que el Estado había sido la principal víctima de grupos ilegales y delincuentes de cuello blanco, que aprovechando las difíciles condiciones de seguridad en algunas regiones presionaron o sobornaron a funcionarios de las oficinas de Registro y las notarías para quedarse con terrenos.
Uno de los primeros hallazgos se dio en Mapiripán, Meta, donde después de la muerte de Pedro Oliverio Guerrero Castillo (alias Cuchillo), se encontraron 15.00o hectáreas del Estado que fueron apropiadas de manera ilegal. Estos terrenos, anunció Vargas ayer, ya volvieron a manos del Estado.
"Antes de que se pusiera en marcha la política de Seguridad Democrática no era posible llegar a zonas del Meta, por ejemplo. Por eso los delincuentes aprovechaban para apropiarse de baldíos del Estado, cuyo uso no se podía verificar", explicó Vélez.
Esta semana en Antioquia, comenzó el estudio de unos 1.000 títulos en Urabá que habrían sido arrebatados de forma irregular. Un proceso similar se adelanta en Chocó por el cambio de linderos.