Fotomultas y desobediencia
El alcalde Alonso Salazar, hace más de dos años, refiriéndose a las fotomultas, expresó que si se seguía al ritmo de infracciones diarias, en poco tiempo se libraría la inversión; y textualmente añadió: "yo les propongo que no sigan cometiendo infracciones para que el sistema sea pagado por el Municipio".
Esa disparatada frase que pasó desapercibida significó que los infractores costearon, de lejos, el valor de la inversión de las cámaras, que superó los 30 mil millones de pesos.
Esa frase, bajo otro contexto, es comparable a la del congresista Juan Manuel Corzo, cuando dijo hace poco: "prefiero no robar al Estado y que me paguen la gasolina".
Vale la pena traer la disparatada frase de nuestro Alcalde al debate, porque es una prueba más del ánimo de lucro y perjuicio ciudadano con el que fueron instaladas las cámaras de fotomultas y de la alejada intención de ubicarlas bajo un genuino servicio para la reducción de accidentes y del favorecimiento de la movilidad. Bueno, les valgo que "en el fondo" ese sea el objetivo.
Cuando las fotomultas empezaron a funcionar en 2009, se dijo que antes de ejercerse la sanción pecuniaria, se iba a realizar una estrategia pedagógica, y supuestamente así sucedió hasta el 31 de marzo de 2011.
Tengo que decir que las acciones de pedagogía social se deben promulgar a los cuatro vientos y durante un buen tiempo para lograr cambios y ser eficaces. No como en el caso de las fotomultas, donde solo se indultó económicamente al infractor e intimó a recibir un curso de "mala muerte" (por las instalaciones donde se realizaba), y eventualmente se difundió alguna entrevista o declaración de autoridad competente.
¿Dónde estuvieron las campañas de comunicación, los comerciales, las vallas estratégicamente ubicadas, las actividades BTL, las tácticas de emailing , los avisos de prensa, y en general la interacción con el ciudadano. ¿Dónde estuvo la pedagogía entonces?
Yo no estoy en contra de las fotomultas. En países desarrollados, calles y carreteras, cuentan con señales grandes y luminosas, con reductores de velocidad, entre otros, para avisar la existencia de cámaras y sensores de velocidad, que generalmente son instalados en sitios de accidentalidad y violación normativa, de tal manera que el conductor se alerte.
En Medellín, por el contrario, además de no informarse estos puntos, el criterio de ubicación de las cámaras y sensores de velocidad es completamente diferente. Su instalación se hace de manera solapada, donde hay alto tráfico para aumentar el número de incautos (no necesariamente en los sitios de mayor accidentalidad), donde las vías rápidas gozan de un nuevo, absurdo y arbitrario límite de velocidad, y donde permanentemente se forman embotellamientos y el cambio de los semáforos hace que los conductores sean fotografiados sobre la cebra o en mitad de un cruce. Por mi parte, me declaro en desobediencia civil y pido al nuevo mandatario que "obre con amor".