Gobierno baja tensión del escándalo de chuzadas

La fuerza con la que comenzó el nuevo escándalo de interceptaciones de comunicaciones y los anuncios de "investigaciones a fondo" parecen bajar de intensidad, cuando apenas han transcurrido tres días desde que se denunciaran supuestas chuzadas a los negociadores del Gobierno en La Habana.

Por lo menos, así lo revelan las recientes declaraciones del propio presidente Juan Manuel Santos, quien apenas un día después de acusar a "fuerzas oscuras" de estar detrás de las chuzadas del Ejército a los negociadores, defendió como "totalmente lícitas" oficinas como la descubierta en Bogotá.

"Las fachadas de inteligencia, como la que se allanó, son totalmente lícitas. Son operaciones de inteligencia que están contempladas dentro de la ley de inteligencia, y eso no tiene nada de irregular", aseguró Santos.

En contraste, el pasado martes, pocas horas después de que la revista Semana publicara un informe sobre un restaurante en Bogotá, donde militares y "hackers" tenían un sitio de espionaje, Santos responsabilizó a "fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos, como el proceso de paz".

Santos no solo justificó la legalidad del espionaje, sino que aseguró que el fiscal general, Eduardo Montealegre, le dijo que "si él hubiese sabido que eso (el local registrado hace 15 días) era una fachada de inteligencia, no hubiera hecho ese allanamiento".

Cabos sueltos sin resolver
El viraje del Gobierno sorprende a León Valencia, analista del conflicto y director de la Fundación Paz y Reconciliación. Además, uno de los nombres que suenan como víctimas de chuzadas.

A su juicio, el Gobierno "está reculando y empieza a echarse para atrás en este grave caso, en el que hay muchos cabos sueltos que exigen explicación. Ahora salen a decir que la oficina era legal y aún así la Fiscalía le hace un allanamiento, hace dos semanas, y apenas ahora el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dice que se entera".

Valencia considera que el debate de control político citado por el Congreso para pedir explicaciones a la cúpula militar y el Ministerio de Defensa empieza a perder sentido.

"Justo cuando se tocaron a los jefes de Inteligencia del Ejército y se dan presiones en las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa salió a decir que sin investigaciones no habrán retiros de oficiales.

Alejandro Santos, director de la revista Semana, que denunció el caso, ratificó a este diario que se espiaba ilegalmente "no solo a los negociadores del proceso de paz sino a otros sectores" y que tienen las pruebas. Agregó que "el Gobierno y los militares tratan de bajar la temperatura del escándalo, como pasó con las chuzadas del DAS".

Pinzón insistió en que "sí vamos a tener firmeza, pero no se tomará decisiones contra oficiales sin que se den los resultados de las investigaciones". Ratificó que "las operaciones de inteligencia son legítimas y legales y no vamos a bajarlas porque previenen atentados".