Golpe a la democracia

La condena a tres años y una multa millonaria contra tres directivos y un exeditor del diario El Universo de Guayaquil, por presunta calumnia contra el presidente Rafael Correa, no sólo es el más rastrero golpe a la libertad de expresión del continente, sino un preocupante retroceso de la democracia ecuatoriana.

La sentencia, en primera instancia, del juez Juan Paredes contra los hermanos Carlos, Nicolás y César Pérez, dueños del periódico, y contra Emilio Palacio, exeditor de Opinión, ha dinamitado todos los cimientos de la prensa libre y puesto la primera piedra de la dictadura Correa.

Palacio había publicado una columna de opinión en El Universo, el 6 de febrero de 2011, bajo el título "No a las mentiras", en la que cuestionaba las acciones del Presidente durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, cuando según Correa, fue "secuestrado y fraguado un golpe de Estado en su contra". Palacio acusó al Jefe de Estado de dictador y de "haber ordenado disparar a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles".

Correa demandó al periodista y al medio de comunicación y pidió una indemnización de 80 millones de dólares. En tiempo récord para la justicia ecuatoriana y no pocas sospechas, el juez decretó la condena y fijó la sanción económica a la mitad de las pretensiones del Presidente. El fallo será apelado por los afectados.

Lo que ha quedado en firme es la perversa alianza entre el poder y la justicia. Un anticipo de lo que ya habíamos advertido en sendos editoriales antes del amañado referendo popular del 8 de mayo pasado: que por la vía de las urnas, pero comprando conciencias, aceitando maquinarias y atacando a los medios independientes, Correa pretendía, y lo logró, convertirse en dictador.

Ahora ha entrado en funciones. Comenzó a cumplir su sentencia de "meterle la mano a la justicia" y "acabar con los mafiosos, corruptos, sicarios, mediocres y golpistas", como calificó a los periodistas independientes antes del referendo que, ya aprobado, le entregó superpoderes para reformar todo el aparato judicial sin tener que consultar al Congreso por los próximos 18 meses. Una especie de "ley habilitante" como la de Chávez en Venezuela.

Algo parecido a lo que viene ocurriendo en Argentina, Bolivia y Nicaragua. Una epidemia de "censuritis" que parece importarles sólo a los organismos internacionales de libertad de prensa, pero no a los gobiernos de la región.

¿Acaso es más grave un convenio de seguridad entre dos países para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico que la censura de la prensa libre que se viene imponiendo en parte del continente?

Lo que acaba de ocurrir en Ecuador no es un "asunto interno" de la justicia del vecino país, sino un atentado contra la democracia de toda la región. La "jurisprudencia" que allí se abre paso, tal como ya ocurrió en Venezuela con RCTVI y sucede en Cuba, en el sentido de crear el delito de opinión, no es un asunto menor.

Sobre todo, porque existen tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y libertad de prensa que están vigentes. Sería bueno, y urgente, que la CIDH de la OEA, actuara con eficacia y rapidez para evitar este golpe a la democracia en Ecuador.