Grupos ilegales y dineros de la salud
La noticia sobre el apetito voraz de las Farc por los dineros de la salud, ni es nueva, ni por supuesto es ninguna revelación. Lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos sobre los computadores del Mono Jojoy , en los que las Farc buscaron apropiarse de recursos del Sistema de Salud, demuestran que las informaciones y denuncias que hicimos desde el año 2005, no sólo eran ciertas, sino que tenían un plan predeterminado.
Recordemos que fue precisamente en el año 2005 cuando varias EPS del régimen subsidiado (en ese entonces ARS) en el Tolima, recibieron una comunicación de las Farc instándolas a pagar lo que ellos denominan "tributación" y que es simplemente una vulgar extorsión. El comunicado en ese entonces decía lo siguiente: "De acuerdo a la ley 002 sobre tributación, emitida por el estado mayor central de las Farc-Ep, la empresa que usted representa deberá tributar a nuestra organización. La tributación será de acuerdo a la capacidad de la empresa y por todas las operaciones de esta en los departamentos de Tolima y Huila".
Curiosamente, ese mismo 25 de febrero, secuestraron a una promotora de una ARS y la llevaron hacia la zona rural del municipio para que se reuniera con el hijo de alias "Jerónimo", máximo cabecilla del Comando Conjunto de las Farc en esa región, quien la devolvió con el mensaje de que la ARS que ella representaba tenía hasta el 4 de marzo del mismo año para hacer efectivo el primer pago.
Fue tal el nivel de alerta, que hasta el Consejo Regional Indígena del Tolima (Crit), reunió en forma extraordinaria a 98 gobernadores indígenas en el Cabildo de Santa Marta Diamante, en Coyaima, de donde salió una firme condena tanto a las acciones de las Farc, como a los que accedieran a la extorsión.
El propio Ministro de Defensa de la época, Camilo Ospina, realizó un Consejo de Seguridad para analizar lo que estaba ocurriendo y el gobernador de entonces, Fernando Osorio, reveló que según las investigaciones, las llamadas extorsivas provenían de la cárcel Picaleña y de un grupo de las Farc que estaba en la zona de Planadas. Esto fue ratificado por el coronel Marco Antonio Pedreros Rivera, director del Gaula de la Policía en esa época y quien tomó la decisión de instalar modernos equipos que bloquearan las llamadas de celular en la cárcel.
Por supuesto que la voracidad por los recursos de la salud no es exclusiva de las Farc y los grupos paramilitares también hicieron de las suyas. Un exalcalde de Sabanalarga (Atlántico) fue detenido cuando intentó cobrarle a Caprecom por no trasladar los beneficiarios de su municipio a otra ARS en la que tenía intereses económicos. En el departamento de Casanare fueron sancionados personas e instituciones que estaban obligando a que una ARS del Estado, renunciara a asegurar a 25.000 afiliados que supuestamente se debían trasladar a una entidad privada por orden de "Martín Llanos" cabecilla de las autodefensas de la región y así podría seguir con varios ejemplos en diferentes zonas del país.
Es lamentable y triste que los grupos al margen de la ley pretendieran convertir los recursos de la salud en fuente de financiación de sus actividades delictivas, pero también es cierto que desde la administración del presidente Álvaro Uribe, no sólo tuvimos conocimiento de estos lamentables hechos, sino que los denunciamos y combatimos con firmeza y decisión.