Hacinamiento urge revolcón a Inpec

La reforma del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) es según el presidente Álvaro Uribe, uno de los temas que más lo preocupan en la actualidad. Sin embargo, estudiosos del tema de las prisiones en el país coinciden en que esta no es la primera "reforma de fondo" que se anuncia y que las dificultades en las cárceles están sobrediagnosticadas.

Para el Presidente la reforma debe ser similar a la que se hizo a la Policía Nacional y el objetivo es que los funcionarios y la guardia que no cumplan con sus funciones puedan ser removidos de forma inmediata y sin trámites administrativos.

Sin embargo, para algunos abogados, que pidieron la reserva de su identidad, el problema carcelario es mucho más complejo que las circunstancias que llevaron a la desaparición de los computadores de los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos y que llevó a Uribe a proponer los cambios.

En su concepto, buena parte del problema radica en que en Colombia la Ley 65 de 1993 sigue siendo letra muerta pues no existe la diferencia entre penitenciarías y cárceles: las primeras deben albergar a personas que cumplen una condena y las segundas a quienes están siendo judicializados.

A esto se suma la coexistencia de varios reglamentos de una misma institución, por ejemplo el caso de La Picota, en Bogotá. "Están los presos VIP, procesados por parapolítica que cuentan con privilegios especiales como computadores, celulares, visitas constantes de los abogados y alimentación preferencial. A su lado hay delincuentes comunes que ni siquiera tienen con qué pagar un defensor y tienen que apelar a uno de oficio", explicó uno de los más importantes penalistas del país.

Esta visión de La Picota es compartida por el director nacional del Inpec, general (r) Eduardo Morales, quien dijo a Colprensa que se trata de un establecimiento "supercomplejo". Allí, en el nivel sur están los congresistas que tienen un reglamento; en el norte, el patio de Justicia y Paz, que tiene otro; luego el de los ex funcionarios públicos y seguido un pabellón de alta seguridad que tiene un "sitio especial". También hay un pabellón de mediana seguridad que "depende del perfil de los que estén recluidos".

Esta abundancia de reglamentos, afirmó el general Morales, complica el manejo de los centros penitenciarios y genera críticas. Dice que no puede negarse a las peticiones de los fiscales de Justicia y Paz quienes exigen que los jefes paramilitares que se entregaron de forma voluntaria y que tienen unos privilegios especiales, tengan acceso a computadores y celulares que serán usados para la "recuperación de la memoria histórica".

Pero ahí viene otro problema pues según algunos abogados, estos beneficios son utilizados para delinquir desde las cárceles y en este punto, el general Morales, dice que ni él ni la guardia pueden ejercer ningún control sobre el uso que se dé a la tecnología.

Presos "comunes"
Pero el problema va más allá de los desmovilizados, parapolíticos y hasta presos políticos que cuentan beneficios especiales contemplados por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). La situación de fondo afecta a los presos por delitos comunes: robo, secuestro, lesiones personales, violación, entre otros que van a parar a las cárceles y deben soportar situaciones infrahumanas denunciadas en varias ocasiones por la ONU.

Michael Reed Hurtado, investigador de la Universidad Externado de Colombia, quien realizó un estudio con el profesor Camilo Ernesto Bernal Sarmiento, considera que hay varias situaciones que llevan a pensar que el problema de las prisiones en el país se ha tratado de una forma inadecuada.

Por ejemplo, habría que pensar una ciudad como Medellín cuántas prisiones y de qué tipo necesitaría, pues la capital antioqueña concentra un gran número de desmovilizados de las Auc y convergen problemas de delincuencia común.

La pregunta también surge de un "invento" que realizó el Inpec y es la creación de los centros penitenciarios y carcelarios, donde conviven procesados y condenados.

Esta situación no solo dificulta -aún más- los procesos de resocialización y educación de los internos- sino que lleva a que se presenten disputas y se facilite la corrupción. Aunque se anunció que en cárceles como La Picaleña, de Ibagué, y Villahermosa, en Cali, iban a contar con una distinción intramuros, esta no se ha llevado a la realidad.

En el caso de las mujeres (3.433 en abril de 2008, según el Inpec) la situación es más crítica pues según el estudio de Reed y Bernal, hay algunas mujeres que están internas en centros "mixtos". Aunque se encuentren en alas separadas, esto genera problemas de discriminación y violencia sexual.

Bodegas, no cárceles
El otro problema de nunca acabar es el de la infraestructura. Hablar de hacinamiento, muros que se caen por pedazos, deficientes condiciones sanitarias y corredores que se convierten en celdas es una situación común.

Según las cifras del Inpec, en abril de 2008 en el país había 60.368 reclusos de los cuales 19.267 estaban sindicados y 41.101 condenados.

El hacinamiento a nivel nacional era de 15,1 por ciento pero si se miran las cifras discriminadas sale a relucir el verdadero problema: en Itagüí, el hacinamiento es de 83,8 por ciento y en Bellavista de 81,6 por ciento.

El 15 por ciento está por debajo del 20 por ciento considerado en 2004 como "aceptable" y que llevó al Ejecutivo a promover la construcción de, por lo menos, 12 nuevos centros de reclusión con capacidad para 24.000 personas.

Sin embargo, los investigadores y los abogados consideran que además de la construcción de penales y cárceles se debe pensar en la forma en que operarán y la situación que se vive en los centros de reclusión.

Reed Hurtado y Bernal Sarmiento, califican como "bodegas" a centros penitenciarios como el de Valledupar, basados en el modelo Coleman aplicado en La Florida (E.U.), donde se despersonaliza a los reclusos y se deja un espacio mínimo para resocialización porque si se habla de actividades educativas ni el 20 por ciento de la población carcelaria tienen acceso a ellas.

"Uno debe equilibrar por lo alto no por lo bajo. Es incomprensible que mientras algunos internos cuentan con cabañas, cocinas especiales debido a su condición y hasta libertades para recibir visitas, otros estén en celdas llenas de moho y humedad, que tengan que pagar por poder hacer sus necesidades y hasta reclamar para que se les respete la intimidad en sus visitas conyugales como sucede en Cómbita", explicó un abogado.

A esto se suma la situación de los presos de la tercera edad. Un anciano en una prisión con personas que, perfectamente pueden tener entre 30 y 40 años menos que él, se convierte en un blanco fácil de abusos.

Pero la lista de dificultades se hace larga y las promesas de cambio, según los abogados y los investigadores, no es diferente a la de otros proyectos de reforma como el realizado en 2000.

El estudio de Reed y Bernal concluye que: "la expedición de un catálogo de derechos o la adopción de una resolución no cambia una realidad. Las formas normativas no cambian ni la indignidad del hacinamiento de Bellavista ni el vejamen producido por una requisa abusiva en Villahermosa. La promesa de una nueva cultura también hace poco. Ni con espejos mágicos es posible esconder la realidad de la prisión, menos se podrá hacer a través de obras fantasiosas que acogen la forma-derecho para defraudar o la propaganda para vender. Punto final: la prisión reglada no existe".