Hospitales, en estado agónico
Hospitales públicos y privados se unieron esta semana en un plantón para exigir del Estado decisiones frente a la crisis financiera causada por la falta de pagos de las EPS a su cargo y del Fosyga, que los tiene al borde de un colapso. Ni en este ni en ningún otro caso, el Gobierno Nacional puede limitarse a destapar la olla podrida, sin aportar soluciones efectivas.
Con la misma decisión con la que el Gobierno está poniendo al descubierto los hechos de corrupción, debe poner el remedio. No todo se puede quedar en el escándalo mediático, sin avanzar hacia las soluciones, para no conducir al país hacia la desesperanza.
En esa necesidad de terminar la tarea, en lo que a la salud se refiere, los colombianos están demandando del Gobierno que cumpla con sus compromisos y agilice el pago de las deudas del Fosyga y de las EPS a su cargo, pues hospitales públicos y privados entraron en agonía. Algunos suspendieron ya la atención a los afiliados de Caprecom, Nueva EPS, Emdisalud, Saludcoop, Cóndor, Coosalud, entre otras, y también se han suspendido servicios a pacientes de mayor complejidad por falta de personal médico y de recursos.
La angustia que hoy viven los pacientes de un centenar de hospitales en el país, también es compartida por los propios trabajadores del sector y sus familias ante la falta del pago de salarios y prestaciones. En Antioquia, los empleados de unos cinco hospitales públicos regionales han estado en paro este año.
En nuestro Departamento, el panorama es bien complejo y cobija a hospitales y clínicas, como quedó de manifiesto esta semana, cuando médicos, enfermeras y personal administrativo salieron a las calles a exigir el pago de 671 mil millones de pesos por parte de las EPS y del Gobierno, en todos sus niveles. Con una clara advertencia: si las deudas no se cancelan pronto, estas entidades colapsarán. En el país, la cartera asciende a 2,5 billones de pesos.
De hecho, más de la mitad de los hospitales públicos, que en buen número de casos constituyen la única alternativa de atención a la comunidad en varias regiones de Antioquia, afronta una grave crisis financiera, que de paso golpea a las empresas que les suministran bienes y servicios. La situación, advirtieron sus directivos, se hace insostenible.
Un hospital puede acaso estar varios meses en estado agónico, y algunos lo viven casi en forma permanente, los pacientes a lo mejor no aguanten tanto. Cuando la crisis financiera agobia a la institución, esta agota todos los recursos para salir adelante y se endeuda con sus proveedores, pero el personal se revienta, escasean los medicamentos y al final tiene que suspender servicios.
La situación es muy dramática y su principal protagonista es el Estado mismo que está asfixiando a las entidades prestadoras del servicio de salud, públicas y privadas, por falta de pago. Y no solo es la morosidad en la cancelación de las deudas del régimen subsidiado, sino también la morosidad en la toma de decisiones frente a las EPS intervenidas y las que tiene a su cargo, como Caprecom y Nueva EPS.
Ni en este ni en ningún otro caso, el Ejecutivo puede limitarse a destapar la olla podrida, sin aportar soluciones efectivas. Y hasta ahora en el sector de la salud, como sucede también en el campo de la infraestructura, y en forma particular en Antioquia, han sido más los anuncios que los remedios y las obras.
Como garantes del derecho constitucional a la salud, el Presidente y su Ministro del ramo tienen la obligación de convocar a los diferentes actores del sistema a conciliar sus cuentas y que las responsabilidades de todos queden claras para que cada uno asuma sus compromisos, de manera que la vida de pacientes y hospitales se preserve. Aquí no valen las disculpas.