Ilegales se aprovechan de la informalidad en minas

Selva adentro, a veces a una jornada de camino desde donde llega un campero, en zonas del Nordeste y el Bajo Cauca, decenas de personas escarban la tierra en busca de oro. Muchos no tienen más técnica que la trasmitida durante siglos por sus ancestros mineros, en la región que más produce metal amarillo en el país.

Realizando el oficio que por tradición tienen para vivir, hieren la tierra y contaminan los ríos; compiten con empresas constituidas bajo la ley, que tienen títulos sobre extensas áreas, declaran su producción, pagan impuestos y sobre las cuales hay algún control ambiental. También conviven con el asedio de grupos armados, que ven en el oro una renta tan buena o mejor que el narcotráfico.

El oro es dinero en polvo. Cada castellano, que pesa 4,6 gramos, cuesta hoy unos 250.000 pesos. Y ese capital multiplicado por la abundante producción, que en el departamento representa el 70 por ciento del total nacional, alcanza para mover la economía de Remedios, Segovia, El Bagre, Tarazá, Nechí y Zaragoza; enriquecer a las compañías mineras, generar recursos por regalías y hasta llenar las arcas ilegales de bandas criminales y la guerrilla.

Lucha contra la ilegalidad
La Policía, con Fiscalía, Ejército, autoridades ambientales y civiles realizan operaciones contra la minería ilegal buscando disminuir el impacto sobre la naturaleza y atacar el sustento de grupos criminales.

El comandante de Policía Antioquia, coronel José Acevedo, señala que en lo corrido de 2011 se han registrado 118 capturas en flagrancia y se han cerrado 57 minas ilegales en el departamento.

"Tenemos un grupo interdisciplinario donde hay una ingeniera forestal, una fiscal, trabajamos directamente con las corporaciones autónomas", señala. Y agrega que "en el país, Antioquia es líder en la lucha contra la minería ilegal".

Según el comandante policial, "el problema está en que las leyes son muy laxas para combatir la minería ilegal". "En una operación se pueden capturar fácilmente 30 personas, y el mismo día que las presente al fiscal, el juez las deja en libertad", explica.

El oficial señala además que la incautación de la maquinaria no es posible por la dificultad de trasladarla y vincularla a procesos de extinción de dominio.

Según informes de inteligencia, el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueños son las áreas donde se concentran las mayores fuentes de financiación para los grupos armados al margen de la ley, a través de la extorsión al sector minero. Los frentes 4 y 36 de las Farc, así como varias facciones del Eln, extorsionan a mineros legales e informales. Acción similar vendrían ejerciendo las bandas criminales de "los Urabeños" y "los Rastrojos", sin embargo no hay denuncias.

Esos mismos informes dan cuenta de que la delincuencia recurre a extorsiones periódicas a los mineros con "vacunas que van entre 1 y 250 millones de pesos mensuales". También extorsionan para permitir el ingreso de maquinaria a las zonas de explotación. Se han dado otras modalidades en la que los grupos armados compran o alquilan maquinaria para explotar un título minero legal.

Problema social
El secretario de Gobierno de Amalfi, Adrián Londoño Zapata, prefiere referirse a la minería informal, antes que llamarla ilegal.

"Por ese tipo de minería se evaden algunos impuestos, pero se genera gran cantidad de empleos. Detrás de cada retroexcavadora hay 50 o 100 barequeros", sostiene. "Detrás del minero está el arriero, que normalmente es un campesino, el que vende el combustible, el del supermercado que vende los víveres, están los chiveros".

Para Londoño, Amalfi, municipio de sexta categoría, tiene limitada logística para el control de la minería. Junto a Anorí y Zaragoza, según las autoridades, la localidad conforma un triángulo con marcada presencia de grupos subversivos. En la zona hay gran cantidad de vetas de oro sin formalizar. El cañón del río Porce es también un eje tradicional de la minería de aluvión.

"La mayoría de minas de ese tipo en Amalfi quedan a tres y cuatro horas en carro, y en seguida a ocho horas a pie, en zona selvática con problemas de grupos al margen de la ley. ¿Qué inspector de Policía puede ir allá?", señala Londoño.

Prefiere no hablar de influencia de grupos armados, pero confirma que en la región muchos de quienes se dedicaban a los cultivos ilícitos se han cambiado a la minería por el auge en el precio del oro. "Un barequero se puede sacar en un día hasta tres castellanos de oro", afirma.

Contaminación ambiental
Pero el brillo del metal contrasta con el daño a la naturaleza. "La afectación fundamental es pérdida de suelo y emisión a las fuentes de agua", explica el director de Corantioquia, Luis Alfonso Escobar. "Dentro de un cierto grupo se utilizan cantidades desproporcionadas de mercurio y cianuro, más por ignorancia", agrega.

Para la extracción de un gramo de oro, Corantioquia estima que se utilizan hasta 100 gramos de mercurio para conformar una amalgama que posteriormente se quema. Cada año se liberan cerca de 100 toneladas de mercurio a la atmósfera, parte del cual es inhalado por los habitantes produciendo una intoxicación que se manifiesta como una vejez prematura.

Para Escobar, "gran cantidad de los mineros hacen una actividad empresarial, pero no tienen títulos. Son tratados como delincuentes y para nosotros eso es un problema grave desde la perspectiva social".

"Lo importante sería enfocarse en lo que nosotros llamamos la minería ilegal armada, que en últimas es la que nos está causando los más graves problemas".

Según Corantioquia, de 200.000 habitantes del Bajo Cauca antioqueño, 130.000 están vinculados a la minería. Sin embargo, los registros no superan 25.000.

"En la región conocemos 16 minas legales y sabemos de 450 minas ilegales empresariales, que tienen lugar fijo de explotación, pagan salarios, impuestos y tienen maquinaria por vía de crédito en las entidades bancarias de la región, pero no tienen título".