Incertidumbre por ley de piscinas

Entre lo que dice la ley de piscinas y la falta de la reglamentación técnica de la misma, los administradores y encargados de muchos de estos espacios en unidades residenciales de la ciudad andan "nadando" en un mar de dudas.

Este es el caso de Leidy Henao, administradora de 11 de las 24 propiedades que la firma para la que trabaja, CLB Urbanística, maneja en El Poblado.

Leidy señala que "nosotros siempre hemos estado de acuerdo con cualquier medida que se tome para mejorar el tema de la calidad del agua de las piscinas". Sin embargo, agrega, en la parte de dispositivos de seguridad falta mucha claridad.

"Todo eso tiene que tener normas técnicas que no están y que nadie las conoce. Nosotros no podemos empezar a cumplir algo que no esté reglamentado", afirma.

Cuenta, por ejemplo, que entre las unidades que maneja hay unas que tienen el cerramiento y otros dispositivos como la alarma de inmersión. Sin embargo, hay otras que "con todo esto de la ley 1209 están prefiriendo esperar a que todo esté reglamentado para cumplir de acuerdo con lo que se reglamente y así no incurrir en gastos innecesarios y en inversiones que de verdad no se necesiten". Inclusive, agrega, algunas de las que están esperando ya tienen recaudado el dinero para adecuar la piscina. Y bueno, cuando piensa en el tema del requisito del salvavidas, la confusión es mayor para Leidy.

Por eso, a seis días de que se cumpla el plazo para que todas las piscinas estén al día con la Ley 1209 de 2008, la incertidumbre de muchos administradores es si a partir de esta fecha se van a empezar a aplicar las sanciones que estipula la ley a las piscinas que no estén adecuadas.

Piden conciliación
La falta de la reglamentación de la ley de piscinas llevó a que a finales del año pasado varios administradores de la ciudad pertenecientes al grupo Piso 40, que agrupa a unas 250 a 300 unidades residenciales en Medellín, la mayoría en El Poblado, se reunieran con una funcionaria del Ministerio de Protección Social.

De acuerdo con la abogada Jenny Acero, de la empresa Administraciones y Asesorías jurídicas, lo que explicó la funcionaria pública de por qué todavía no ha salido la reglamentación es porque el Ministerio tiene "la potestad reglamentaria, como parte del Estado, no tiene prescripción ni plazo y pueden dar la norma en cualquier momento".

Añade que "cuando la den, nosotros la tenemos que acoger, pero antes nadie nos puede sancionar".

Este grupo de administradores tiene claro que aunque la ley es de obligatorio cumplimiento, busca que se tengan en cuenta algunas de sus recomendaciones.

"Lo que nosotros queremos es que haya conciliación y concertación con los funcionarios, que entiendan que las unidades residenciales sí vamos a cumplir, pero con flexibilización y teniendo en cuenta las características propias de cada una de las unidades residenciales. No es que la norma sea laxa de tal manera que si la cumplo bien y si no también, sino que se pueda ajustar a todas las condiciones, y que si yo no puedo porque técnicamente una adecuación no se puede hacer, que haya la posibilidad de una conciliación con las autoridades que permita hacer, por ejemplo, otro tipo de cerramiento para cumplir con la norma".