Infraestructura para el TLC
Alentador parece el anuncio de que el presidente Juan Manuel Santos destrabó el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Lo es.
El tratado lleva en el congelador más de cuatro años y la incertidumbre le hace mucho daño a la economía. Pero ahora se requiere hacer unas tareas importantes.
La estrategia del presidente Santos fue arriesgada pero exitosa al establecer que la confirmación del TLC es una necesidad para el gobierno de Washington y no solamente un gesto amable hacia un aliado que había cumplido con los méritos para esto. Audaz, pero va funcionando.
La luz verde del presidente Obama lo obliga ahora a presentarle a su Congreso el proyecto del TLC e impulsarlo para que este lo apruebe a comienzos del segundo semestre.
Para Colombia viene una tarea más difícil, que consiste en atenerse a lo acordado y hacer lo posible para sacarle provecho al acuerdo.
En ese sentido es indispensable reactivar los temas de competitividad y productividad, con una agenda seria de desarrollo de la infraestructura nacional. Es claro que el tratado permitirá a las empresas nacionales tener acceso preferencial al mercado de Estados Unidos de manera permanente, con lo cual se crea una relación estructural de largo plazo que debería generar mayor confianza a los inversionistas.
Pero el TLC favorecerá a ambas economías, únicamente si la nuestra está preparada para esto. Y lo mismo pasa con el TLC con Canadá, que entra en vigencia el primero de julio, y con los acuerdos con la Unión Europea y Mercosur, que amplían los mercados para la producción nacional.
Nada de estos impulsos serán positivos si no tenemos la capacidad de mover los productos internamente, y hacia el exterior de una manera eficiente. Los sobrecostos que se generan para la producción nacional por cuenta de las malas vías y los precarios puertos son inaceptables.
La deuda en infraestructura del Gobierno con el país disminuye la productividad y la competitividad de las empresas nacionales. Eso es indiscutible. Los costos de logística, como el transporte y el almacenamiento, son elevados gracias a, principalmente, la inadecuada infraestructura de transporte. Estos costos son un cinco por ciento del valor del producto en los países industrializados, pero en Colombia varían entre el 15 y hasta el 40 por ciento dependiendo del producto.
Con esos sobrecostos no se puede competir, por más apertura de mercado que se siga generando. Un estudio del Banco Mundial establece que la mejora de la infraestructura en Corea del Sur en los últimos diez años resultó en un crecimiento anual per cápita de 1,8 por ciento del PIB, y en una reducción de la desigualdad entre 10 y 20 por ciento. Lo que ese caso demuestra es que con la inversión en infraestructura no solo se benefician las empresas y el sector industrial, sino los estratos económicos más bajos porque se mejoran los accesos a agua potable, electricidad y otros servicios.
Una inversión en las carreteras que conectan el interior del país con la costa pacífica, por ejemplo, significa un mayor acceso de mercado para los pequeños agricultores y comunidades rurales. Con eso hay un aumento definitivo en los estándares de salud, que debe ir acompañado de inversión en educación, lo cual es mejorar la calidad de vida de los que más necesitan.
La cercana perspectiva de la aprobación del TLC requiere que el Gobierno haga la tarea en el tema pendiente de la infraestructura. De lo contrario se beneficiarán los productores de Estados Unidos ampliando su mercado y el número de consumidores, pero no los colombianos, que no tienen la misma facilidad para sacar sus productos de Colombia hacia el exterior.