La amenaza de nivelar por lo bajo
El Gobierno debe ser más explícito en la defensa del proyecto de reforma de la educación superior. La amenaza no es la privatización, sino la nivelación de universidades por lo bajo, en una guerra por ampliar cupos. El Congreso tiene la responsabilidad de garantizar el debate y proceder con responsabilidad.
Al Gobierno le ha faltado explicitud para defender el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, que organiza la educación superior. Debe aclararles, a los sectores comprometidos con el tema y al Congreso, cómo sí es necesaria la relación entre universidades y empresas privadas, que muchos han confundido en forma equivocada con privatización. Y debe despejar la incógnita sobre la amenaza de nivelar por lo bajo al empaquetar formación técnica, tecnológica y profesional con el nombre genérico de instituciones de educación superior, ies.
En principio es plausible la meta de incorporar a la educación superior a 600.000 estudiantes más y aumentar la cobertura, del 37% al 50%, en tres años. Pero el incremento de cupos, así calme la obsesión actual de mejorar el puntaje en los ránquines internacionales, tiene que equilibrarse con el objetivo de elevar la calidad, que no está garantizado con los instrumentos actuales ni con los que prevé el proyecto.
Si hoy sólo tienen acreditación institucional de alta calidad 22 de las 286 ies registradas, no es seguro que suba el porcentaje en el mediano plazo, si tal acreditación puede eludirse durante unos ocho años. Además, si a todas las universidades se les empuja a una competencia por matricular más estudiantes, en igualdad de condiciones con decenas de institutos carentes de tradición académica y de equipos docentes, va a cundir la desmotivación por obtener mejores índices de calidad. La guerra por la cobertura es una pretensión efectista, que, así esté envuelta en los conceptos sugestivos de equidad e inclusión, puede degradar el sistema educativo.
Tiene aspectos positivos el proyecto radicado en la Cámara, que ha generado una ola de protestas estudiantiles, pero también la aprobación condicionada de otros estamentos universitarios. El Gobierno desactivó la bomba de tiempo de la autorización a ies con ánimo de lucro, que era el punto más controversial del proyecto y que habría puesto las universidades en el riesgo de ser apéndices de corporaciones transnacionales de negocios. También es conveniente el otorgamiento por el Icetex (que tendrá más presupuesto) de créditos subsidiados a jóvenes de menores recursos.
Cuando se le reclama al Gobierno más explicitud es para que demuestre que está convencido del proyecto y en capacidad de argumentar de modo convincente ante los ciudadanos, sin necesidad de confiarse en las mayorías parlamentarias. Es demostrable, con un sencillo ejercicio dialéctico, la pertinencia de la vinculación equitativa de las empresas privadas, que no es privatizar sino salvar el negocio más importante del país, el de la educación. Otras cuestiones del proyecto son muy defensables: Aumento de los aportes a universidades oficiales, autonomía, internacionalización, etc.
El Congreso debe asumir la discusión del proyecto con responsabilidad y criterio de bien común. Es en ese escenario donde ha de proseguir una controversia civilizada. Como ha dicho la Asociación Colombiana de Universidades, la comunidad universitaria está llamada a contribuir al debate mediante la reflexión, la argumentación y la crítica: "Las movilizaciones (agrega) son una forma de expresión democrática y deben estar alejadas de acciones violentas. El ruido de la violencia y las armas impide escuchar los argumentos de las partes y es totalmente alejado de nuestra naturaleza académica".