La convivencia ciudadana
Actualmente se tramita en el Congreso de la República, por iniciativa del Gobierno nacional, el proyecto de Ley 113 de 2010, por medio del cual se espera expedir el nuevo Código Nacional de Convivencia Ciudadana, que reemplazará el ya desactualizado y descontextualizado Código Nacional de Policía, así como las normas vigentes que fueron dictadas posteriormente y recogerá algunas ordenanzas expedidas por las asambleas departamentales.
Es de anotar que el vigente Código Nacional de Policía, decreto 1355 de 1970, modificado por el 522 de 1971 y otras disposiciones posteriores, se constituyó en el primer ejercicio de unificación, ya que antes existía un sinnúmero de normas expedidas por las autoridades regionales y locales en virtud de las facultades otorgadas por la Constitución de 1863 y luego por la Carta Magna de 1886 que le entregó la facultad de expedirlos a las asambleas departamentales, mediante ordenanzas.
Siendo pues una normatividad expedida hace más de 40 años, poco concuerda con la Constitución Política de 1991, por lo que es urgente esta actualización y compilación para que coincida con el estado social de derecho que nos rige, para que exista unificación en la normatividad, como también para regular e instrumentalizar las condiciones mínimas de preservación de la vida, de la convivencia ciudadana y de las libertades, el derecho a la igualdad, el respeto a la diversidad étnica y cultural, el debido proceso y el derecho a la defensa etc., bajo un marco de principios, derechos y deberes, otorgándoles a las autoridades de policía nuevos elementos y herramientas modernas para el cabal ejercicio de sus competencias y funciones.
El proyecto deja en el Congreso de la República la competencia para dictar normas de policía a través de leyes, y sólo les otorga a las dumas departamentales y concejos una competencia residual, siempre y cuando no contraríen la Constitución y las leyes. Entre otros aspectos, la iniciativa actualiza las multas en salarios mínimos legales y las destina a los fondos de seguridad y convivencia ciudadana, con el fin de fortalecer las inspecciones de policía, el desarrollo de programas pedagógicos y el reconocimiento a los buenos comportamientos ciudadanos; incentiva la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, buscando la descongestión de la administración judicial y facilitando el acceso de los ciudadanos a la justicia; determina nuevas causas de policía de conformidad con los actuales fenómenos de convivencia, a cambio de las desactualizadas contravenciones contenidas en el Decreto 1355 de 1970.
Es importante advertir que toda transgresión de las normas de este nuevo Código y la no cancelación de las multas impuestas en cumplimiento del mismo, serán incorporadas a un registro nacional de antecedentes policivos.
Se introduce el sistema oral al procedimiento policivo y se encomienda al Ministerio del Interior y de Justicia su diseño, implementación y apoyo permanente.
Estas y otras importantes medidas han sido incorporadas al proyecto en discusión; no obstante, los debates deberán aprovecharse para concretar la tipificación de algunas contravenciones y la inclusión de sanciones ejemplarizantes para quienes atentan contra espectáculos públicos, tal como viene ocurriendo últimamente en algunos estadios del país; también para subsanar algunas inconsistencias, como si es de 200 o 300 metros la distancia que debe existir entre los establecimientos abiertos al público con venta de licor, de los centros de prostitución con respecto a escuelas, colegios y universidades, etc. Además de ponerlo en concordancia con disposiciones ya expedidas y las que se encuentran en trámite.
En definitiva, es un excelente proyecto que estaba en mora de estructurarse, y su conversión en ley significará dotar a las autoridades de policía de las herramientas necesarias para actuar con mayor contundencia, porque las realidades sociales han superado todas las expectativas y las normas vigentes.
Debe quedar claro que el objetivo del derecho de policía es el de lograr la convivencia pacífica y la armonía social, mediante el respeto mutuo, el cumplimiento de los derechos y deberes, y la garantía de la libertad, la salubridad y la protección del medio ambiente.