La defensa de Uribe a Moreno
La destitución de Bernardo Moreno genera otro elemento de presión en la elección del nuevo Fiscal General, ya que el fallo del Procurador en contra del ex secretario de la Presidencia de la República, fue una sanción disciplinaria por la extralimitación en sus funciones. Ahora viene la investigación penal en el caso de las chuzadas, a cargo de la Fiscalía.
Quien lo investigue, será crucial.
De esta manera, la carta del ex presidente Álvaro Uribe defendiendo a su subalterno, más que una aceptación de la responsabilidad de los hechos, es un llamado al gobierno del mandatario Juan Manuel Santos a no retirar la terna de fiscales frente a la Corte Suprema de Justicia. Un nuevo Fiscal, que no le deba cierta gratitud al gobierno de Uribe, podría realizar una investigación a fondo del tema que podría terminar con el ex presidente en la cárcel.
En su carta, el ex presidente Uribe asume la responsabilidad política y jurídica de las actuaciones de Moreno con respecto a las averiguaciones en el DAS y la UIAF por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con esto el ex mandatario Uribe no hace una defensa incondicional de Moreno, ya que acepta la responsabilidad de las actuaciones de su ex secretario, sólo si aquello que hizo nunca sugirió actividades ilegales. Es decir, si es inocente.
Ahora bien, el punto central de esta situación es que, como dicen algunos analistas, las chuzadas fueron ordenadas por el secretario general de la Presidencia, a instancias del propio Presidente de la República. Entonces, si es culpable el doctor Moreno de esos hechos, ¿cuál es la responsabilidad de su ex jefe si esto se demuestra?
Una lectura cuidadosa refleja que lo que hizo el ex mandatario con su carta fue recordar, bajo la supuesta asunción de responsabilidad, que si Moreno es culpable, lo es por cuenta propia.
Manifestar una preocupación por la infiltración del narcotráfico en la Corte Suprema de Justicia no constituye un delito. Y eso fue lo que hizo el ex presidente. Pero ordenar los seguimientos a los magistrados precisamente en el momento en que la Corte estaba metiendo presos a los parapolíticos e iniciaba los procesos penales que involucraban al primo del Presidente, Mario Uribe, y a otros allegados del gobierno, deja un manto de duda muy grande.
La investigación de la infiltración del narcotráfico en la Corte no era menester del secretario general de la Presidencia, y los mecanismos utilizados para averiguar la veracidad de esa afirmación fueron ilegales.
Eso está claro.
Por eso Uribe reitera en su carta, como era de esperar, que él no ordenó o autorizó ningún acto en contra de la ley. Hasta ahora no existen pruebas que demuestren lo contrario, lo que pone el asunto en el marco probatorio de la investigación penal.
Por esto el nuevo Fiscal se encontrará en la incómoda situación de determinar hasta dónde sube en la cadena de intermediarios la responsabilidad penal de este caso.
Ya están involucrados del DAS la detective Alba Luz Flórez, alias la Mata Hari; los jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, Fernando Tabares y Jorge Lagos; la ex directora, María del Pilar Hurtado, posiblemente el actual director del organismo, Felipe Muñoz por cuenta de la denuncia de "la Mata Hari", y por encima de ellos, el ex secretario general de la Presidencia de la República y, por último, el propio ex presidente Uribe, por asumir él mismo la responsabilidad política y jurídica del caso.
El nuevo Fiscal determinará quién va a la cárcel y quién no. Si el presidente Santos decide cambiar la terna para destrabar esa elección, será un nuevo golpe a su antecesor. Este, probablemente, uno imperdonable para el presidente Uribe.