La dialéctica del carnaval
La imaginación que han tenido los nuevos líderes estudiantiles para transformar la protesta en carnaval podrían aplicarla también a la invención de otro proyecto de reforma de la ley de educación superior y a la defensa de legítimos intereses corporativos y estamentales, porque el régimen discente apenas se toca de pasada en tres artículos más bien anodinos de la iniciativa oficial.
El llamado Programa Mínimo del Movimiento Estudiantil Universitario llueve sobre el terreno mojado de la financiación, la democracia y la autonomía, el bienestar, la calidad académica, las libertades democráticas y la relación entre universidad y sociedad. Reafirma ideas constitutivas de un manifiesto general de buenas intenciones y actualiza principios provenientes de la Reforma de Córdoba de 1918. Al final, aparece de súbito la insistencia en "la concreción de la solución política y dialogada al conflicto armado interno".
En las demostraciones públicas del jueves fue notoria la posibilidad de un cambio refrescante en la imagen y las formas de actuación del movimiento de los estudiantes. Pero esos signos exteriores de jovialidad y gaya ciencia no bastan. Por ejemplo, podrían incorporarse cuestiones propositivas a la discusión del proyecto de reforma, para enriquecer el capítulo del régimen estudiantil, demasiado precario en el texto que presentó el gobierno al Congreso.
Qué tal si se incluyen normas innovadoras, para incrementar la movilidad y establecer pasantías y estudios en el exterior como parte necesaria del pregrado, hacer efectiva la flexibilidad y ampliar la oferta curricular, aumentar las opciones de doble titulación, revolucionar el sistema de evaluaciones y eliminarle el antiguo componente intimidatorio, administrar de modo práctico el tiempo y el espacio universitarios y reducir la presencialidad obligatoria e instrumentar programas bimodales y virtuales. También podrían los estudiantes reclamar alternativas para conjurar la deserción y facilitar la combinación de estudio y trabajo.
Sin romper el equilibrio entre derechos y deberes pero con criterio de respeto al libre y responsable desarrollo de personalidades autónomas, en el régimen estudiantil se necesitan disposiciones más garantistas que restrictivas, concordantes con la mentalidad y las expectativas juveniles, que atenúen el conflicto de generaciones. No las hay en el proyecto de reforma de la Ley 30. A los estudiantes les toca propugnarlas.
Es positivo que la educación vuelva al primer plano. El escenario institucional del debate es el Congreso, donde los dirigentes estudiantiles podrían concentrar creatividad y energías argumentativas. Un eventual retiro del proyecto equivaldría a mandar la educación superior al limbo y perder la oportunidad de modernizar su estatuto normativo y de estructurar la universidad del futuro.
El contrasentido está en que en el movimiento estudiantil se niegue mediante el paro el derecho a la educación que se proclama, a pesar de la nueva dialéctica sugestiva del carnaval y la alegría.