La espera agobia a pensionados de Cajanal

El 13 de junio de 2009 se vivió una jornada agridulce para los pensionados afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal).

Ese día el presidente Álvaro Uribe ordenó la liquidación definitiva de la entidad, con el argumento de ponerle fin a la corrupción que la llevó a la quiebra.

La noticia fue de buen recibo para muchos afiliados y pensionados de la caja, en tanto sintieron que se le había puesto punto final a la interminable espera para que la Caja desembolsara los recursos y se pusiera al día con el reconocimiento pensional de 50.000 personas.

Sin embargo, el temor también se apoderó de muchos de ellos, pues pese a que el Gobierno se apresuró a decir que crearía un patrimonio autónomo para responder por las obligaciones, no quedó claro de dónde saldrían esos recursos y quién sería el doliente del proceso.

Once meses después el sentir general es de frustración, impotencia y temor. Así lo expresaron varios lectores de EL COLOMBIANO al enviar sus Tips con quejas que tienen un común denominador: una larga espera.

Para la abogada laboralista Luz Marina López, representante de 250 docentes del departamento, nada ha cambiado desde que se ordenó la liquidación de la caja, pues la situación de sus clientes es, hasta ahora, la misma.

"Desde enero de 2009 no conozco ningún pago a favor de los jubilados que represento y ni al apoderado le informan el estado del trámite. Hay clientes que ni siquiera han recibido su mesada pensional y están desvinculados de 1999 por invalidez. ¿Será esto justo, legal o acorde con la vida digna que estable la Constitución Política?", se pregunta la jurista.

Dora Helena Ospina está reclamando su pensión desde el 27 de marzo de 2006. Ya tiene el tiempo de trabajo y la edad obligatoria para gozar de su derecho. Sin embargo, su espera ante la entidad ha sido inútil.

Esta docente afirma que no quiere contratar un abogado para su caso pues considera que hacer valer su derecho no debería ser tan complicado. Sin embargo, no han valido ni las cartas a la cúpula directiva de la caja, ni al mismo Ministro de la Protección Social.

Lo que pasa, según la abogada Nazareth Guevara, es que las condiciones han cambiado desde la liquidación. "Todos los trámites se tienen que hacer en Bogotá porque las oficinas de las regionales las cerraron. El afectado tiene que buscar ayuda de un abogado, aunque no debiera porque su derecho está consagrado, pero contando los viajes, el alojamiento y demás gastos, es más favorable pagarle al abogado".

Adicionalmente, dice la abogada, pese a que la Corte Constitucional, en sentencia T-1234 de octubre de 2008, determinó que la entidad tiene unos plazos para los reconocimientos, que varían depende de cada caso, es imposible que la entidad pueda cumplirlos.

"Lo más aberrante es que para la notificación sí tiene que ir personalmente el usuario, pues la entidad decidió, sin autorización de la Corte Constitucional, eliminar el procedimiento de notificación por conducta concluyente, que permite a un apoderado que le notifiquen el caso de su cliente.

A esto se suma la lentitud en los procesos judiciales. La abogada Luz Marina López afirma que si bien los juzgados administrativos han agilizado muchos casos, es todavía lento el resultado en los juzgados laborales, inclusive en los de descongestión.

Pero lo que más lamenta es la arbitrariedad. "La cantidad de documentos que les exigen, desconocen la Constitución y el Código Contencioso. No deben exigir mas documentos de los que reposan en la entidad y exigen cuatro y cinco veces: la cédula, la copia del folio donde se está registrado, constancia donde se prestó el servicio. Son documentos que la entidad tiene en su poder".