LA HABANA: GRANDES RETOS
La divulgación de los puntos detallados de lo acordado en La Habana en materia rural pone de presente los grandes retos que hay para asegurar un desarrollo agrícola y rural virtuoso e incluyente.
Estos retos no son muy diferentes a los que el Estado debería enfrentar si la sociedad colombiana, independientemente de las negociaciones con las Farc, decidiera saldar la deuda social que tiene con los habitantes rurales y se diera a la tarea de hacer un cierre de las brechas que se presentan entre el campo y la ciudad y se convenciera de que el sector agrícola tiene un inmenso potencial de desarrollo que hasta ahora ha sido mal utilizado y con el cual no solo se beneficiarían los habitantes rurales, sino que le haría aportes valiosos al desarrollo del país.
Estos asuntos han sido recientemente destacados y analizados en detalle por distintos expertos que ven, en los diversos indicadores de desempeño agrícola y en la problemática rural, la necesidad de aplicar un marco de política e institucional que ayude a superar los problemas y a sacar provecho de las oportunidades.
Según el texto divulgado, los planes nacionales para la reforma rural integral constituyen la principal iniciativa de política de desarrollo rural que, de alcanzarse un acuerdo, el país deberá poner en práctica durante los próximos diez años. Estos planes consideran la generación de bienes públicos (como asistencia técnica, infraestructura de vías y riego y comercialización) y la promoción del desarrollo social a través de programas de vivienda, salud, educación y lucha contra la pobreza.
La sola puesta en marcha de estos compromisos le va a demandar al Estado y a la sociedad colombiana un gran esfuerzo de gasto público. Pero, adicionalmente, en materia de tierras se ha establecido una serie de acuerdos que implican recursos de inversión adicionales. Entre ellos están el otorgamiento gratuito de las tierras del fondo de tierra, la asignación de un subsidio integral y un crédito para compra de tierra, así como un acompañamiento en desarrollo rural para los beneficiarios de los subsidios.
De otra parte, el Estado tendrá que disponer de nuevos arreglos institucionales que incorporen no solo la institucionalidad del orden nacional, que se caracteriza por ser limitada e ineficaz, sino a las instancias departamentales y locales, que en su gran mayoría tienen un relacionamiento muy limitado con el centro y que se encuentran muy debilitadas.
En materia de política pública el gran reto es cómo asegurar un desarrollo agrícola dinámico y sólido –para el cual se requiere del concurso decidido de la inversión privada de todo tipo de productores–, que genere las oportunidades de empleo e ingresos para que los habitantes del campo puedan aprovechar las mejoras que deben alcanzarse en calidad de vida con las políticas de desarrollo social.
Como se ha sostenido en esta columna, sin una agricultura dinámica no es factible asegurar la transformación y el desarrollo virtuoso del campo colombiano, y con lo que se ha acordado en La Habana no es claro que esto es lo que se propone alcanzar.