La maldición de un nombre sonoro: Drummond

“Irse contra la Drummond da votos, así de sencillo” es una máxima que corre de boca en boca entre los 4.500 trabajadores directos de la mina Pribbenow (La Loma), en el centro del Cesar, de esta multinacional estadounidense que es el segundo exportador de carbón del país y ajusta ya 40 días con una realidad compleja e inédita en 19 años de operación: tener que producir sin poder vender.
 
El Colombiano estuvo en esta suerte de ciudad de 10 mil hectáreas, que comenzó a formarse en tierras compradas a familias paisas donde en 1994, luego de unas inversiones de 600 millones de dólares de la época, comenzó a operar en febrero del año siguiente y exportó 963 mil toneladas. En 2012 esa cifra ya fue de 24,7 millones de toneladas.
 
Allí, como en un capítulo de la vieja serie Tierras de Gigantes, todo es de dimensiones enormes. Hay 145 camiones, cada uno con capacidad de cargar 240 toneladas, sea de carbón o de tierra y rocas; 30 carrotanques de 22 mil galones para regar 47 kilómetros de anchas vías; tres draga-líneas, que con su gran brazo puede mover de una sola vez hasta 220 toneladas; un área de producción de 800 hectáreas dentro de un perímetro de 24 kilómetros y que tiene 370 metros de profundidad en su parte más baja sobre el nivel del suelo.
 
“De las situaciones difíciles se sale fortalecido”, comenta Jorge Hinojosa, superintendente de Operaciones, a propósito de la suspensión de cargue que impuso el Ministerio de Medio Ambiente al puerto de la compañía, en Ciénaga (Magdalena) desde el 13 de enero pasado.
Desde entonces, la operación no se ha detenido un solo minuto en Pribbenow, como pudo evidenciar El Colombiano, ni en la mina vecina El Descanso, también de la compañía que comenzó operaciones hace seis años.
 
A este punto hay 6.8 millones de toneladas de carbón almacenadas, tres veces más de lo que es el inventario con una operación normal. Así, el acopio pasó de un área de 15 hectáreas a cerca de 40 para guardar, fácilmente, tres meses de producción.
 
“Esta contingencia ha aumentado los costos de operación en equipos, personal y las obras para adecuar más zonas de acopio sin dejar de cumplir las obligaciones de mitigación ambiental”, explica Hinojosa.
 
Mientras este ingeniero conduce por unas anchas vías, y por el lado izquierdo para que los gigantes camiones vean la dimuta camioneta, cuenta que de las 800 hectáreas de área minera a cielo abierto se extraen cerca de 84 mil toneladas de carbón al día, para lo que se requiere remover y disponer 10 veces más rocas y tierra a lo que él llama “material estéril”.
 
La guerra al polvillo de carbón
El preciado mineral negro se acumula en montañas compactadas de 10 metros de alto que son removidas cada tanto por maquinaria pesada para evitar combustión y conatos de incendio.
 
Para mitigar el polvo de carbón que produce la operación, y que se ha convertido en uno de los argumentos con que se ataca la operación por sus impactos en poblaciones vecinas, esas pilas del mineral son remojadas por grandes aspersores de agua lluvia y de escorrentía, así como unas mangueras que hay sobre las palas que disponen el mineral. Una especie de cañones que disparan niebla de agua, siete en total, complementan la labor.
 
Esa operación para minimizar el material particulado se alimenta de varias piscinas (reservorios) formados por aguas lluvias y de escorrentía, en una operación que recircula el 92 por ciento del valioso recurso en estos tiempos de verano y en una región de baja humedad.
 
“Contrario a lo que muchos afirman sin conocer la mina, aquí se hace lo que se requiere para mitigar el impacto ambiental, no solo porque la autoridad lo exija o diga. Por eso tenemos la flota de tanqueros más grande en cualquier operación minera”, afirma Amílcar Valencia, director del Departamento Ambiental que maneja un presupuesto anual de 48 mil millones de pesos.
 
En medio del intenso calor, una brisa fresca llega desde el tesoro escondido de Drummond, del que poco cuentan de minas para afuera: un embalse de 208 hectáreas que se formó con el desvío del río San Antonio y se convirtió en hábitat permanente y de paso para especies que van desde babillas hasta aves migratorias.
 
Cerca de allí, también comienzan a cambiar el paisaje árido varios bosques jóvenes de arbustos que brotan sobre nuevas montañas formadas por el material estéril que produce la mina y que fueron preparadas para su revegetalización, al tiempo que han sido intervenidas
Y al frente de ese oasis natural surge la pregunta: y si lo ambiental, aparentemente, es bien manejado en esta operación, ¿por qué le caen rayos y centellas a la Drummond?
 
“No se puede negar que hay impactos ambientales, el problema es que no todas las empresas ubicadas en esta región tienen los mismos mecanismos de mitigación”, responde Valencia con perplejidad.
 
La presión social
Pero también el asunto es de plata, de inversión social, en una región donde las regalías han terminado alimentando redes de corrupción que ni el Gobierno ni los entes de control, históricamente, han controlado de manera oportuna.
 
Entre 1995 y 2012, la multinacional estadounidense pagó en impuestos, tasas y contribuciones 1.234 millones de dólares. Otros 1.758 millones se han girado al Gobierno por concepto de regalías.
 
Solo La Jagua de Ibirico ha recibido más de un billón de pesos de estos recursos pagados por las mineras al Estado, lo que no se compadece con que sus más de la mitad de su población tenga necesidades básicas insatisfechas.
 
“Las regalías fueron cooptadas por años de mala administración en estos municipios, incluso llegaron a manos de la guerrilla y los paramilitares en obras que nunca se terminaron”, explica el secretario de Minas del Cesar, Pedro Díaz (ver nota anexa).
 
En ese contexto, la demanda para las mineras desde los poblados vecinos no solo pasa por contratar más gente de la región, sino por su inversión en proyectos sociales. En ese sentido, la Drummond tiene un presupuesto anual cercano a los 9.600 millones de pesos que prioriza en proyectos de salud, educación, cultura y recreación, donde haya contrapartidas de los municipios del área de influencia.
 
“Ante la baja respuesta del Estado a las necesidades de la población, la presión social se cierne sobre la operación minera, al tiempo que muchos políticos y ambientalistas radicales que buscan sacar réditos, afilan un discurso que ataca a las empresas legales, mientras a los que extraen ilegalmente no los toca nadie”, concluye Alfredo Araujo, director de Relaciones con la Comunidad de Drummond.
 
Entre esos ataques se cuentan las acusaciones de financiación del paramilitarismo, a lo que la compañía responde que se han enfrentado cuatro procesos judiciales en tribunales de los Estados Unidos  que han terminado archivados.
 
Frente a los señalamientos de ‘exparas’ por la muerte de dos dirigentes sindicalistas, la investigación de la Fiscalía en Colombia, aclaran los directivos de la Drummond, los dejó exentos de responsabilidad luego de esclarecer al determinador (un proveedor) y los autores materiales.
 
Ante el hecho de ser la minera más grande en la región, ser reconocida como una de las empresas del sector que mejores salarios pagan, sumado a los incidentes recientes de multas y suspensiones y su condición de estadounidense, hacen que la presión social aumente.
 
También pesa el bajo perfil de los otras dos grandes mineras multinacionales presentes en la región: la Colombian Natural Resources (CNR), que compró las operaciones de la brasileña Vale, y es propiedad de la banca de inversión global  Goldman Sachs y de la suiza Glencore con su filial Prodeco que muchos asumen por su lema, “en pro de Colombia” que es de capital nacional.
 
Al final, como señala el secretario de Minas del Cesar: “es más llamativo, más sonoro el nombre de Drummond, por eso hay más ojos puestos en esa empresa”.