La reforma política
En la agenda del presidente Juan Manuel Santos hace falta una gran reforma política que de verdad cambie las costumbres que hoy imperan en esa actividad. Claro, tiene allí un gran obstáculo, su Ministro del Interior, quien como fiel exponente de éstas no las puede cambiar, pues son las reglas que hasta el momento lo han llevado lejos.
La Constitución del 91 nace de un rechazo a la clase política y a la violencia.
Y distintas reformas en esa dirección no han tenido el efecto esperado, pues después del 8.000 y de la parapolítica el sistema sigue fallando, hace crisis y, por lo visto, aún no tiene los anticuerpos necesarios contra la ilegalidad y la corrupción.
Una verdadera reforma arranca por la eliminación de la Registraduría y el Consejo Electoral. Entidades en crisis hace rato y tomadas por los políticos.
La primera, además, es un engendro que no se ve en ningún otro país del mundo, pues hoy tiene dos funciones antagónicas y ninguna la hace bien: la de contar votos y la de expedir todos los documentos de identidad.
¿Qué hacer? En primera instancia, crear una rama electoral con poder jurisdiccional y darle la función de depurar partidos y listas, hacer elecciones y quitar investiduras. Hay que sacar esta última potestad del Consejo de Estado para acabar con la contaminación política que conlleva.
Importante no matar el tigre y asustarse con el cuero. El origen de una rama del poder público como esta es clave, pues si caemos en manos del Congreso o del Consejo Superior de la Judicatura sería peor el remedio que la enfermedad.
¿Y de la expedición de documentos que?
Esto es un tema de seguridad nacional. Se necesita experticia, control y no hay institución mejor que el Banco de la República. Como en España, donde la Real Casa de la Moneda es la entidad encargada de ello.
No es suficiente pero sería un gran avance institucional si se dan esos dos pasos. Se puede ir más allá pero sería mucho pedirle a un gobierno al que a veces le hace falta la espina para ir en contra de los grandes intereses que afecten su popularidad.
Financiación estatal total de partidos y elecciones, eliminación del voto preferente, regresar al senado departamental (la Orinoquia y los antiguos territorios nacionales tienen solo un senador) y Cámara de Representantes provincial serían parte de una reforma profunda que se ha intentado, hasta con referendo, y no ha sido posible lograr.
Soñar no cuesta nada, pero la indignación que causan hechos como los de Cali ameritan una reflexión de fondo sobre un sistema electoral imperfecto, al que se le cuelan bandidos por todos lados.