La santa hermandad
Algunos ex ministros de Estado y ex directores del Banco de la República han conformado una Santa Hermandad para censurar al presidente Uribe por haberse atrevido a insinuarle al Emisor que escuche la voz de los colombianos, antes de tomar algunas de sus controvertidas decisiones. Estima esa liga de ex funcionarios que con esa petición presidencial, se está cayendo en el populismo económico que tantas desgracias ha causado en los países tercermundistas.
No creemos que dentro de una democracia participativa existan instituciones dueñas de la verdad revelada. Por respetables que sean, no son intocables para discutir con la opinión pública sus determinaciones. No consideramos que el hecho de controvertir medidas económicas - materias que por su esencia admiten el libre examen- constituya delito de opinión.
En posiciones y definiciones económicas no existe la infalibilidad. Menos se habla ex cátedra. Deliberar es una atribución propia de la democracia. Lo hace el Presidente cuando expresa sus reservas frente a medidas del Emisor y lo practica el gerente del Banco de la República cuando en el Congreso responde las alusiones de aquel. Los resultados pronto dirán quién tenía la razón. En qué lado estaba lo acertado. Lo que quiere y requiere la opinión pública es que se debata abiertamente, sin escondrijos, sin aspavientos, sin excomuniones, los temas de interés nacional. Sólo así se forman criterios útiles y oportunos. Por el hecho de polemizar y de proponer alternativas distintas, no se pone en tela de juicio la independencia del Banco. Entidad respetable que debe tomar decisiones susceptibles de modificar, dada la esencia antidogmática de las materias que aborda.
Opinamos que demostrar inconformidad frente a temas que por esencia admiten alegatos, no constituye un zarpazo a los derechos institucionales consagrados en la Carta. Patentizar inconformidad con medidas discutibles, no es invadir zonas que jurídicamente se señalan como vedadas. Serían violadas si se buscara a través de propiciar reformas temerarias, derrumbar sus derechos estipulados en la Constitución y en las leyes. Ahí sí cabría la protesta airada o sarcástica del coro de ex funcionarios que han pretendido hacer de este reclamo presidencial un nuevo expediente para enjuiciar y condenar a Uribe como mandatario populista.
No puede olvidarse que el jefe del Estado es el que finalmente debe responder ante la historia por el éxito o fracaso de sus políticas económicas y sociales, consagradas en los planes de desarrollo aprobados por el Congreso. Es aquel el que figura en los balances de los cuatrienios que hace la historia dentro del mosaico de todas las gestiones presidenciales. Y por eso está en el derecho de pedir que se escuche a la opinión pública, tribunal que en última instancia juzga sus actos y lo compromete ante la historia.
La verdad absoluta no existe en la economía. Ya lo escribió el gran economista John K. Galbraith: "Hay economistas que su compromiso con dogmas establecidos, les imprimen una seria restricción para aceptar las modificaciones y reconocer sus errores". Es lo que el brillante autor de innumerables textos económicos llama "la fuga de la técnica de la realidad", que consiste -como lo explicaba alguna vez el senador Luis Guillermo Vélez, "en la fascinación de los ejercicios intelectuales, excluyente de la realidad de la vida económica, que dado su abigarrado desorden, no se presta a la formalización matemática".
Sí. Ya hasta en los credos más ortodoxos e intolerantes se revisan lo que fueron verdades tenidas como dogmas.