La sustancia de la Sopa
El apagón digital como protesta al proyecto de ley Stop Online Piracy Act, conocida como Sopa, visibilizó esta semana un asunto que va más allá de la suspensión voluntaria de servicios en la web. Plantea dos inquietudes: ¿cuál derecho prevalece en cuestiones de internet: la libertad de expresión o el derecho de autor? ¿Y dónde empieza y termina la injerencia de cada Gobierno al respecto?
Diez mil páginas web se manifestaron hace dos días contra la propuesta de la ley Stop Online Piracy Act, conocida como Sopa, que busca controlar y detener la piratería en internet. En un hecho atípico, algunos cubrieron sus titulares, otros "colgaron" mensajes para declarar su oposición al proyecto y unos más, como Wikipedia, suspendieron sus servicios durante 24 horas.
Y es que la Ley, que se expuso en el Congreso de Estados Unidos, pretende, entre otras acciones, investigar, enjuiciar y desconectar de la red mundial a páginas o empresas que sean acusadas de subir sin permiso contenidos sujetos a derechos de autor, dentro y fuera de ese país.
Reconocemos la necesidad de una legislación al respecto y no ignoramos que hay particulares y compañías privadas que se lucran de los contenidos que obtienen en la web, desconociendo un asunto que tiene implicaciones jurídicas: el respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual. Y que, sin duda, perjudican profundamente el trabajo original de quienes elaboran productos audiovisuales, musicales y literarios.
Consideramos, eso sí, que la indagación, persecución y juzgamiento de posibles casos de piratería y violación de los derechos de autor le corresponde a cada Gobierno, de acuerdo con la legislación de cada país, o con base en acuerdos firmados previamente entre varias naciones.
El apagón digital hizo visible un asunto que va más allá de la suspensión voluntaria de servicios en la web. Planteó, desde nuestro punto de vista, dos inquietudes: ¿cuál derecho prevalece en cuestiones de internet: la libertad de expresión o el derecho de autor? ¿Y dónde empieza y termina la injerencia de cada Gobierno para proteger estos derechos?
Ambos son derechos ciudadanos, y como tal implican deberes, pero de allí a que el Congreso de Estados Unidos decida cuál es el que prima, más allá de sus límites geográficos, hay mucho qué discutir y valorar. Basta pensar las consecuencias que esta norma podría traer a negocios constituidos de manera legítima.
De ahí la oposición rotunda de grandes imperios digitales como Google, Facebook y Twitter, que por cuenta de la posible aprobación de Sopa, tendrían que verificar la veracidad de los enlaces que sus usuarios compartan a través de la web, o bloquearlos en cualquier país, por cuenta de una orden emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Y surge otra inquietud: ¿una iniciativa como Sopa no rompe con la esencia del espíritu de internet y con su verbo madre: compartir? Claro está, sin vulnerar la propiedad intelectual o que se reconozca una compensación por ese uso.
El debate abierto es valioso y necesario, pero como tal requiere tiempo y escenarios para la reflexión y el análisis. Esta es una sopa que todavía necesita cocción, y si es colectiva, mucho mejor.