La vorágine centroamericana
La amenaza narco que viven varios países de Centroamérica, por efecto de la disputa territorial y la expansión de los carteles de la droga mexicanos, ha puesto en peligro la institucionalidad de la región. La respuesta no puede ser unilateral ni basada en intereses particulares. La cohesión entre los violentos hay que enfrentarla de la mano de la comunidad internacional, y no sólo por la vía militar.
Si alguien necesitaba un panorama de violencia tan complejo y desafiante que demande una acción más conjunta y articulada, y no decisiones de "sálvese quien pueda", le bastará mirar hacia Centroamérica, sin perder de vista la vorágine de sangre que ha traído el narcotráfico y sus delitos conexos en todo el Hemisferio.
La masacre de 27 labriegos en la región guatemalteca de Petén a manos del cartel mexicano de Los Zetas, hace dos semanas, no es más que la confirmación de la trasnacionalización del crimen organizado que amenaza la institucionalidad de la región y pone a prueba la capacidad política y social de los gobiernos comprometidos en el desafío narco, así como la eficacia de la Justicia.
Mientras Guatemala decreta un estado de sitio en Petén y el presidente Álvaro Colom reconoce que la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso, México despenaliza la migración ilegal sin tener en cuenta los graves problemas de seguridad que se viven en las fronteras con Estados Unidos, incapaz también de detener la venta de armas y el consumo de drogas en su propio territorio.
Más aún, en momentos en que Barack Obama agita el tema migratorio como elemento de campaña presidencial, estados como Arizona imponen drásticas sanciones contra quienes promueven la inmigración ilegal, tal como lo están tratando de hacer otra decena de gobernadores estadounidenses.
La falta de una política integral, no sólo en el ámbito interno de los gobiernos, sino de la comunidad internacional, ha facilitado el accionar violento y corruptor de los carteles de la droga, cohesionados por el poder de las armas y el dinero con que intimidan y compran conciencias.
Las más de 40.000 muertes asociadas al narcotráfico en México en el último lustro, y las 15.000 por año en Centroamérica por la misma causa, reflejan la dramática descomposición social y la poca efectividad de los Estados para combatir la violencia.
En la Cumbre del Grupo de Países Amigos de Centroamérica que se realizó hace una semana en Madrid, España, y en la reunión que concluyó ayer en Costa Rica con el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, se hizo evidente la preocupación por la inestabilidad institucional que vive buena parte de la región y la necesidad de actuar en bloque para recuperar el monopolio de la fuerza. Una especie de refundación del Estado.
El déficit de democracia que subsiste en varios países centroamericanos después de procesos de paz no del todo perfectos es tan peligroso como los superávits de violencia, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas, tan estrechamente ligados a la pobreza, la iniquidad social, la falta de oportunidades para los jóvenes, la debilidad institucional y la impunidad. Cualquier decisión que ignore esos elementos corre el riesgo de fracasar y convertir la débil democracia que aún existe en Centroamérica en una región de estados fallidos.