Las cámaras de las fotomultas están en un alegato jurídico

Después de un año de entrar en vigencia, las fotomultas siguen causando polémica en Medellín. Esta vez el episodio es protagonizado por el abogado Jorge Lopera, quien denuncia que las cámaras nunca fueron notificadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según Lopera, quien fue abogado asesor de la exconcejala Regina Zuluaga , los dispositivos encargados de las detecciones llegaron provenientes de la empresa brasilera Velsis, por lo que deberían ser analizados por la Superintendencia, tal y como lo estipula el Decreto 2269 de 1993.

Carlos Alberto Gil , subsecretario Administrativo de la Secretaría de Tránsito de Medellín, afirma que la Superintendencia no es la encargada de certificar sino de hacer seguimiento al funcionamiento de los dispositivos. "Ellos solo pueden revisar el cumplimiento de los estándares", agrega.

Indica que los equipos son homologados por el Organismo Internacional Brasileño (Inmetro) y que en Colombia no hay autoridad acreditada para realizar el control de estos dispositivos. Son 40 las cámaras dispuestas en la ciudad.

Consecuencias
El abogado Lopera presentó un derecho de petición ante la Superintendencia para que el asunto sea investigado y atendido, respuesta que espera en los próximos días. "Si uno examina desde el montaje, hay tintes de ilegalidad, porque cuando usted monta un dispositivo sin plena observancia de la ley está violándola", anota.

En caso de que el derecho de petición le dé la razón, y se compruebe que los dispositivos no fueron calibrados bajo el Decreto 2269, la Administración debe responder. Lopera resalta que los conductores que pagaron fotomultas podrían solicitar devolución del dinero. "Si me parte un aparato mal cuadrado yo tengo que reclamar".