Les deben $483.000 millones a los hospitales de Antioquia
Aseguradores del régimen subsidiado, principales morosos. Hay cuentas de más de 3 años.
La deuda de las Entidades Responsables del Pago (ERP) de los servicios de la salud a los 133 hospitales públicos antioqueños alcanzaba a marzo de este año 483.918 millones de pesos, según los registros de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa).
El mayor nivel de cartera, por 220.191 millones de pesos, corresponde a aseguradores del Régimen Subsidiado de Salud, con quienes los hospitales tienen la mayor parte de sus contratos.
Luis Alberto Martínez Saldarriaga, director Ejecutivo de Aesa, explicó que la crisis ha llevado a situaciones extremas como la del hospital Nuestra Señora de Guadalupe que solo atiende casos de urgencia desde hace un mes y la cartera por cobrar suma 256 millones de pesos, o el del hospital La Merced, de Ciudad Bolívar, en donde los empleados, para reclamar los salarios que se les adeuda desde hace 5 meses, interpusieron la semana pasada 10 acciones de tutelas contra la gerente.
Los mayores niveles de deuda están en cabeza de Caprecom (52.249 millones de pesos), Comfenalco Antioquia (33.646 millones), Comfama (32.522 millones) y Emdisalud (32.194 millones de pesos).
La cuenta Ecat
Recientemente las administraciones de los hospitales Pablo Tobón Uribe, San Vicente Fundación y General de Medellín le enviaron una carta a la ministra de Salud, Beatriz Londoño Soto, solicitándole una solución para cobrar 30.000 millones de pesos que se les adeuda por la atención de heridos en accidentes de tránsito, desde hace más de tres años, y que están a cargo de la subcuenta de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (Ecat) del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).
Esta situación, como es obvio, agobia el manejo financiero de los tres hospitales.
Por concepto de la cuenta Ecat, la deuda pendiente del Fosyga con los hospitales públicos de Antioquia era de 39.806 millones de pesos al cierre del primer trimestre de este año.
El jefe de Contratación del Hospital San Vicente Fundación, Juan Carlos Giraldo Salinas, explicó que los requerimientos para lograr la cancelación de esos recursos es complejo y cualquier detalle hace que la cuenta sea devuelta.
“El Fosyga devuelve el 90 por ciento de las reclamaciones que las IPS le hacen en el país y eso se ha vuelto casi que imposible reclamarle al Estado por estos accidentes”, añadió Giraldo.
Pese al nivel de las obligaciones, la filosofía de los hospitales hace impensable en que se suspenda la atención de estos casos. “La mayoría son personas con circunstancias de urgencia, y pues ni ética, ni moral, ni filosóficamente vamos a rechazar un paciente con un accidente o con una lesión de mina... Ni pensarlo”, enfatizó el directivo.