Lupa a contratos de restaurantes escolares
LA FISCALÍA Y varios organismos de control disciplinario revisarán algunos de los contratos que fueron adjudicados con presunta falsedad documental. Los concejales le pidieron a la administración reforzar los mecanismos de evaluación de los procesos.
Ante las anomalías halladas en la documentación que aportó la empresa Gonzavel Ltda. para ganar el contrato en la prestación del servicio de alimentación a los adultos mayores, la Administración puso en manos de la Fiscalía y de los organismos de control disciplinario las investigaciones para determinar responsabilidades.
Así lo anunció ayer la secretaria de Bienestar Social, Dora Cecilia Gutiérrez, al encarar un debate en el Concejo de Medellín sobre las presuntas irregularidades en la contratación para los programas de restaurantes escolares y del adulto mayor.
En el debate, los concejales citantes le solicitaron a la administración fortalecer sus mecanismos de evaluación, control y verificación de los procesos contractuales y la información que presentan los oferentes para evitar situaciones que pueden poner la vida en riesgo de miles de niños y personas adultas que se benefician de los programas sociales.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra, uno de los citantes, expresó que se deben terminar, de manera unilateral, los contratos firmados con las empresas Alfaba y Surcolombiana, por más de 14 mil millones de pesos, para el funcionamiento de restaurantes escolares por incumplimientos en la entrega y la calidad de los alimentos.
Guerra afirmó que el incumplimiento está soportado en más de 1.200 inconsistencias y que, además, presentó documentación falsa.
En el caso de la empresa Gonzavel Ltda. los corporados solicitaron seguir evaluando mecanismos unilaterales o (excepcionalmente) acordados con el contratista, para que deje ejecutar el contrato que le fue adjudicado por más de 2 mil millones de pesos, para la alimentación del adulto mayor, luego de demostrarse que accedió a la contratación con documentos falsos.
Según la secretaria de Bienestar Social, Dora Cecilia Gutiérrez, la licitación se otorgó bajo los parámetros jurídicos que rigen la contratación colombiana, que reglamenta el Registro Único de Proponentes como el documento que certifica a la empresa como especialista en la materia, experiencia y capacidad financiera, el cual está anexo en la documentación entregada.
Sin embargo, anota que ante la advertencia hecha por el concejal Guerra de que Gonzavel había presentado documentación adulterada para este contrato, se desestimó como oferente para restaurantes escolares y se inició una verificación de información, encontrando como primer hallazgo que la declaración de renta presentada era falsa, según la Dian.
Frente a los incumplimientos de las dos empresas contratistas, reconoció que la interventoría de la Universidad de Antioquia y la Secretaría han encontrado más de 1.000 inconsistencias en la entrega y en la calidad de los alimentos. "No hemos hecho ningún pago hasta que la interventoría dé el aval para hacer los respectivos pagos".
Ambos han sido requeridos y se les está haciendo el debido proceso. "Aunque han mejorado siguen presentándose inconsistencias en la entrega de los alimentos".
Se está a la espera de los descargos para determinar qué proceso hay seguir, multas o terminación del contrato.