Más casos de corrupción
Otro escándalo. Nuevos desfalcos. Más funcionarios estatales apropiándose del dinero público. ¿Cuántos faltan?
El presidente Juan Manuel Santos parece que va a pasar a la historia nacional por ser la administración que más ollas podridas ha destapado.
Lo desalentador es que, como dice el gobierno, estamos tan sólo viendo un ojo de este monstruo de mil cabezas.
La pelea contra la corrupción va a ser la bandera más apropiada de este gobierno.
Lo han hecho bien al enfocar el trabajo en múltiple estrategia de descubrir los fraudes, tapar las fugas de los recursos y montar un marco legislativo más estructurado y estricto para prevenir futuros robos del erario.
En ese tema, Santos ha hecho un excelente trabajo para devolverles la confianza a los usuarios y contribuyentes, pero sobre todo para recuperar la reputación de las entidades estatales.
No es un trabajo fácil.
La transparencia es fundamental para la correcta relación entre los contribuyentes y el Estado, y por eso ha sido esencial la reciente labor de los organismos que vigilan y castigan las contravenciones.
Las investigaciones de la Policía, las entidades de control y del Gobierno, en general, están dando resultados.
Lo que demuestra que la estéril pelea que hubo entre la pasada administración y la Corte Suprema, que dejó al país sin un adecuado Fiscal por un año, fue un completo error, del cual los deshonestos se aprovecharon.
Pues ahora están siendo perseguidos y descubiertos.
Ahora bien, el tema también hay que verlo desde la óptica de la prevención y en eso el recién aprobado Estatuto Anticorrupción es un paso adelante en ese camino. Pero no del todo.
Reducir la corrupción a sus justas proporciones, como dijo pragmáticamente el ex presidente Turbay en su momento, será una tarea aún más difícil mientras no se pueda contratar a personas competitivas con altos estándares laborales y éticos adecuados. Sin eso las puertas para los desfalcos van a seguir abiertas. Y por eso es importante que haya una igualación salarial entre el sector público y el privado.
No es una relación directa o perfecta la que existe entre mayores salarios y menor propensión a los fraudes, pero sí es un gran paso para reducir esos riesgos.
La meta de eliminar la corrupción del todo a veces parece imposible. No hay ningún país ni gobierno que lo haya logrado. Por eso hay que trabajar para combatirla constantemente, y con eso nivelar los ingresos de los trabajadores públicos, con los salarios que un trabajador puede recibir en el sector real.
Eso aumentará los estándares laborales y capacidades de los funcionarios que trabajan con los recursos del Estado.
La realidad ahora es que por los bajos salarios, algunas de las personas que terminan trabajando en las entidades estatales, son más vulnerables a sucumbir ante la tentación de apropiarse de los dineros de los contribuyentes.
Los casos están saliendo a la luz pública.
Es un tema de entender que el Estado está ahorrando en el rubro equivocado, y por eso se terminan fugando grandes recursos con los fraudes que estamos presenciando.
Con estos nuevos escándalos en la Dian y en la educación, el golpe que se le da a la cultura tributaria es demoledor. Colombia es un país que hasta ahora aprende a pagar impuestos, por eso hay que solucionar el hecho de que a los que cancelan sus impuestos de manera adecuada, sientan que no se los están robando en estos fraudes.
La tarea del Gobierno es muy compleja, al tener que reducir la corrupción a sus justas proporciones, para evitar y descubrir los desfalcos, y también manejar el problema en sus adecuadas extensiones, para generar confianza en los contribuyentes.