MATONEO JURÍDICO INTERNACIONAL
¿Acatar o no acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)? Ese es el debate en el que hoy se mueve la opinión pública colombiana. Mientras unos argumentan que al aceptar la competencia de la CIJ el Gobierno debe respetar y cumplir sus decisiones sin importar los resultados, otros, de una escuela política más realista, dicen que en el caso de San Andrés y los cayos, más que un fallo, la decisión de la Corte es un despojo.
Para empezar el presente análisis es importante dejar claro que si bien el fallo de la Corte es de naturaleza jurídica, sus efectos son políticos y económicos y, aunque se afecta directamente a la población sanandresana, toda Colombia puede sufrir consecuencias posteriores. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el fallo en cuestión no se puede apelar porque no hay una instancia superior a la CIJ, la decisión que el Gobierno de Colombia tome con respecto al acato o no de éste, será política.
El presidente Roosevelt, gran exponente del realismo político en el manejo de las relaciones internacionales, decía que lo que una nación no era capaz de proteger por su propio poder, no sería protegido por el derecho internacional. Resulta que en el caso de Colombia pasa lo contrario, tenemos un significativo poderío naval que ha protegido y protege efectivamente nuestros mares, -muy superior al de Nicaragua, valga la pena decirlo- pero ha sido el derecho internacional el que nos ha quitado una inmensa porción de mar territorial. En pocas palabras, perdimos territorio invaluable por la fuerza de las leyes y no de las armas.
Aunque duele lo sucedido, y aún en medio de la incertidumbre sobre la decisión final del Gobierno sobre el fallo, vale la pena mirar más allá de los efectos inmediatos, de lo que en teoría ya se perdió. El acato de la decisión de la CIJ puede abrir un boquete con otros países con los que Colombia ha tenido disputas semejantes. Ya ha dicho la señora Canciller que sin esta situación estar definida aún, es posible que Nicaragua solicite más territorio del que la CIJ otorgó en su decisión. No será entonces Nicaragua el único país que quiera pescar en río revuelto, o mejor, en mares revueltos, ya vendrán otros países buscando lo suyo.
Así las cosas, no es un capricho político el planteamiento de desacatar el fallo de la CIJ, que si bien no es lo ideal puede ser el menor de los males.
Tienen razón quienes defienden la institucionalidad jurídica internacional, sin embargo no se pueden perder de vista los alcances desmedidos de la decisión de la CIJ en donde se le otorgó más a Nicaragua de lo que estaba en juego en un principio. Adicionalmente, se debe tener presente que esto no es un caso en donde sólo está sobre la mesa una porción de mar colombiano sino la defensa del territorio nacional en pleno. Hoy es agua, mañana puede ser más que eso.
La presente situación debe mirarse integralmente y con perspectiva hacia el futuro. El Gobierno debe actuar estratégicamente y evitar a toda costa que el fallo en cuestión abra la posibilidad de un matoneo jurídico internacional.
@FedericoHoyos