Municipio de Medellín, responsable por permitir las "Convivir"

El Consejo de Estado declaró la responsabilidad del municipio de Medellín por haber permitido las Asociaciones "Convivir" en la ciudad en la década de los 90.
 
Al condenar a Medellín por los perjuicios provocados a unos comerciantes por activación de un artefacto explosivo al edificio Santo Domingo en 1997, donde funcionaban las Convivir, el Consejo de Estado cuestionó que se haya avalado el funcionamiento de las mismas.
 
“Es un hecho censurable que las autoridades municipales manifestaran su aquiescencia con las labores adelantadas por las "Convivir", manera ignominiosa de contribuir desde el aparato estatal en el fomento y promoción de grupos civiles armados al margen de la ley, circunstancia intolerable que no se puede volver a repetir en una sociedad que aspira a alcanzar con premura el valor supremo de la paz”, dice el fallo.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, explicó que aunque el Municipio no intervino activa o directamente en dicha situación, conocía que en las oficinas del edificio, donde funcionaba Asocomunal, organización que tenía como propósito el desarrollo de actividades de carácter comunitario, también funcionaban la Asociación Convivir y el Comité de Participación Ciudadana Comerciantes Vecinos Empresas Públicas de Medellín, entidades que ejecutaban servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, y que “estaban involucradas en conductas punibles tales como homicidios, abuso sexual contra las trabajadoras sexuales del sector, maltrato, lesiones personales, amenazas, injuria, suplantación de autoridad legítima y enfrentamientos con estas, piratería terrestre, hurto, boleteo, extorsión y prestación ilegal de servicios de seguridad y vigilancia privada, pese a que su objeto era de promoción comunitaria de programas sociales, morales, culturales y educativos”, indica.

El edificio atacado había sido arrendado al municipio de Medellín para el funcionamiento de las oficinas de Asocomunal, sin embargo, allí se instalaron de forma ilegal cooperativas como la Asociación Convivir. 

La administración omitió vigilar la correcta ejecución del contrato y, pese a que el Secretario de Desarrollo Comunitario de la ciudad puso en conocimiento y manifestó su preocupación respecto del desarrollo de actividades anómalas desarrolladas por Asocomunal, la Secretaría de Gobierno renovó el contrato.

Por tanto, las autoridades municipales conocían que en el edificio Santo Domingo operaban grupos civiles armados ilegales de seguridad denominados Convivir,  “quienes bajo una cobertura de aparente legalidad estaban inmersos en conductas punibles”. “La Sala no encuentra admisible que las autoridades no hayan actuado de forma idónea y eficaz, luego de enterarse sobre el riesgo inminente que representaban dichas organizaciones civiles armadas al margen de la ley “, señala el fallo.

La Sala encontró que la entidad demandada era responsable debido a que omitió su deber de control, neutralización y revocatoria de un riesgo previsible e inminente, que permitió a un grupo armado al margen de la ley accionar el artefacto explosivo en el centro de la ciudad y ocasionar daños a la población civil. Más bien, debió denunciar y poner en conocimiento de las autoridades nacionales lo que estaba sucediendo (grupos con armas y equipos de comunicación sin los permisos respectivos),  informar oportunamente al Presidente y al Gobernador de Antioquia, y expulsar a los grupos civiles armados que funcionaban allí.

Con respecto a la creación de las Convivir, la Corporación afirmó que el Estado estaba enterado de la constitución de grupos civiles armados que estaban actuando al margen de la Constitución y de la ley y no hizo nada, por el contrario, con su omisión incurrió en un desprotección de los derechos de los ciudadanos. “El Estado aceptó con su silencio que se configurará, más allá del riesgo jurídicamente aprobado y tolerado, una fuente de peligro para la sociedad”, afirma la decisión.
 
El fallo afirma que “es un hecho censurable que las autoridades municipales manifestaran su aquiescencia con las labores adelantadas por las “Convivir”, manera ignominiosa de contribuir desde el aparato estatal en el fomento y promoción de grupos civiles armados al margen de la ley, circunstancia intolerable que no se puede volver a repetir en una sociedad que aspira a alcanzar con premura el valor supremo de la paz”.