Nicaragua no nos puede dividir

Tendremos que asumir que nuestro país se verá envuelto, de forma recurrente, en polémicas, pugnas, tensiones y problemas diplomáticos con Nicaragua.

Y, a diferencia de lo que pasaba hasta el año 2012, Colombia partirá siempre, de aquí hasta quién sabe cuándo, de una situación jurídicamente desventajosa: hay un fallo unánime de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que definió que una gran porción marítima -72.000 kilómetros cuadrados- sobre los que nuestro país ejercía soberanía, con actos de señor y dueño, corresponden a ese otro Estado.

No hay que olvidar que en una decisión del gobierno de Andrés Pastrana se decidió que el país se sometiera a la jurisdicción de la CIJ para dirimir el litigio entablado por la República de Nicaragua, que constaba de dos partes: pretendían ser los dueños de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos, y de las zonas marítimas correspondientes.

En su momento, respetables tratadistas advirtieron los inconvenientes y riesgos de ir a La Haya. Políticamente, en cambio, los partidos y dirigentes apoyaron al gobierno en su opción de definir judicialmente la pretensión nicaragüense. Se quiso hacer entender, en ese entonces, que era una decisión de Estado, a pesar de que faltó quizás un requisito fundamental: tener en cuenta a los habitantes de las islas, los raizales.

Por fortuna, la soberanía del archipiélago de San Andrés Islas fue ratificada a favor de Colombia. No así las zonas marítimas, que es lo que nos tiene desde noviembre de 2012 en una permanente situación de incertidumbre.

Al gobierno de Juan Manuel Santos le tocó la (mala) suerte de afrontar la adversa decisión de La Haya. Y de tener que asumir la defensa institucional de lo que hizo el grupo de defensores de Colombia.

Pero, sobre todo, al actual gobierno le corresponde tomar la decisión más difícil: qué postura adoptar frente al fallo internacional. Fallo inapelable y, según los Estatutos de la CIJ, de aplicación inmediata, frente al cual solo caben dos recursos (interpretación y aclaración) que no modificarán, en ningún caso, la pérdida de los 72.000 kilómetros cuadrados de Mar Caribe.

El mismo día de lectura del fallo en La Haya, el Presidente de la República objetó su contenido. Luego él y la Canciller optaron por la prudencia y por hacer consultas jurídicas reservadas. Creemos que es lo correcto. Tanto el Presidente como la Ministra de Relaciones Exteriores se han visto sometidos a toda clase de presiones, algunas de ellas de un oportunismo escandaloso.

Qué hacer con el fallo de La Haya es una decisión tan relevante como la de haber iniciado diálogos de paz con la guerrilla. En el balance de este gobierno, sea o no reelegido, esas dos cuestiones ocuparán los primeros renglones de la reseña histórica de la administración Santos.

Animamos al Jefe del Estado a no precipitarse. Adherimos a las voces que piden unidad nacional y apoyo a la decisión que tome el Presidente.

Filtrar, por ejemplo, lo que se discute y acuerda en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es una deslealtad repugnante. Quien lo hace no logra ninguna proeza, pero sí golpea de forma irreparable la confianza pública, que es lo que más hay que preservar en esta hora de definiciones.