NO, MINISTRO PEÑALOZA
Confusas, ambiguas, contradictorias y enredadas. Así han sido las explicaciones del ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, frente a la investigación destapada por el periodista Daniel Coronell sobre la firma P&G Asesorías Integrales.
Primero, porque toda la historia de la retroventa de la compañía suena más bien a una artimaña jurídica para protegerse frente a la posibilidad de un conflicto de interés, siendo hábil, pero no lo suficiente.
Y segundo, porque sus declaraciones en los medios en las que utilizó la palabra insignificante para describir los contratos de esta compañía familiar con el Estado, demostraron que el Ministro y la sociedad entienden dos cosas completamente distintas de ese adjetivo.
Lo que para el funcionario es pequeño, sin importancia, despreciable; tal y como lo precisa el diccionario, para la opinión pública es indiscutiblemente su antónimo: 1.700 contratos.
Ahora bien, se use la definición que se prefiera, pareciera claro que esta es una situación en la que los intereses indirectos de Peñaloza pueden interferir, o lo han hecho, con el desempeño transparente o legal de sus funciones.
Determinar eso es una tarea exclusiva de los organismos de control. Eso es claro. Pero entender que esta es una situación, que jurídica o no, es absolutamente incorrecta, es una tarea que debería haber empezado por el propio Peñaloza. No fue así, pero una vez destapado el escándalo, debió ser corregida por el Presidente. Tampoco pasó y eso es lo más preocupante.
Sobre todo porque cuando fue elegido, Juan Manuel Santos se reunió en Mesa de Yeguas Country Club con todo su gabinete para redactar un manifiesto que llamaron “Principios de Buen Gobierno”, el cual tenía que regir todas las acciones de los funcionarios durante su administración.
Ese texto parece que quedó como letra muerta ya que basados, únicamente, en esos principios, el Ministro de Transporte debería salir.
Pero Santos, en un afán de no mostrar debilidad, no ha permitido que le tumben un alfil, evidenciando que la decisión de mantener en el cargo a Peñaloza no ha sido mediada por hacer lo correcto. De lo contrario, en un caso tan evidente de conflictos de intereses, no se podría actuar como si nada estuviera pasando.
Lamentable.
Esos no son los estándares con los que debe actuar un gobierno. Los presidentes deben entender la línea que divide lo que está bien, de lo que está mal y demostrar a la sociedad que esta no se cruza ni se transgrede bajo ningún motivo.
Peñaloza y su familia violaron los parámetros de lo ético. Falta investigar sobre la legalidad de sus actos. Pero lo primero es suficiente para que esta persona no sea un idóneo representante del Estado.
El caso demuestra que para el Gobierno la diferencia de lo correcto a lo legal se ha desvanecido en teoría. Y sea cual sea el resultado de las investigaciones en contra del Ministro, el mensaje importante debe ser que en la práctica no todo lo que es legal es legítimo, porque no lo es. Lastimosamente la actuación de Peñaloza no pareciera ser ni la una ni la otra.