ORO, BUROCRACIA E INJUSTICIA
Buriticá, municipio del Occidente antioqueño de 6.700 habitantes, enfrenta hoy una crisis sin precedentes a causa de su auge minero, donde han llegado cerca de 7.000 personas, duplicando la población, en busca de dinero y bienestar trabajando la pequeña minería; generando una inflación que encareció tanto la vida, al punto que muchos han abandonado el municipio y otros prefieren vivir en localidades vecinas y viajar diariamente a extraer el oro.
Y es que "Buriticá está moviendo la economía del departamento", afirmó Farley Girón, representante de los pequeños mineros, a quien recurrí para que me explicara en detalle la problemática que enfrenta el municipio, al que llega gente de todo el departamento y hasta de otras regiones del país.
Esta semana el Dapard impartió una orden para desalojar a cerca de tres mil mineros ilegales por estar en zona de alto riesgo, hecho que genera sospecha, porque el estudio de riesgo se realizó con información suministrada por la Continental Gold, quien tendría también que desalojar por ubicarse en la misma zona, y porque sucede justo una semana después que la multinacional, dueña de los títulos mineros (29.000 hectáreas), recibiera una multa por parte de Corantioquia por 3.000 millones de pesos por derramar químicos en las cuencas hídricas que llegan al río Cauca.
Otra fuente consultada, Carlos Varela (no el alcalde de Buriticá), el conocido "pechón", minero de la zona, me mostró un video y una fotografía del gerente de la Continental Gold, Eduardo Otoya, vestido con chaleco del Dapard. ¿Entonces para quién trabaja esa entidad?, ¿para el pueblo o para los "gringos"?
En cambio a los pequeños mineros que extraen el oro artesanalmente y no contaminan, se les vulnera el derecho al trabajo y se les persigue, no son tenidos en cuenta dentro del Código Minero, y pudiendo hacerlo, no les permiten formalizarse.
Las vías a Buriticá están cerradas, el orden público está muy alterado, cortaron la luz en la zona de desalojo, el hospital no da abasto, el colegio está sobrepoblado, hay problemas de abastecimiento de alimentos, el alcalde parece que está escondido porque no se ve, y los pequeños mineros se rehusan a abandonar el sitio, muchos de ellos dispuestos a enfrentar a la fuerza pública.
No es procedente sacar a estas personas a la fuerza, en vez de ello deberían abrirse mesas de concertación entre todos los actores para plantear soluciones, pero la Continental no quiere y parece que el Gobierno tampoco.
El Dapard suscribió con la Corporación Ayuda Humanitaria un contrato por 1.828 millones de pesos, por un mes, para evacuar la zona de riesgo; recursos que bien se han podido invertir en programas para la formalización de la pequeña y mediana minería en la región o hacer el lobby para incluirlas dentro de un nuevo capítulo, en el Código Minero.
El malestar es grande porque "Continental Gold, sin tener permiso aún para la extracción, por estar en fase de exploración, ya se encuentra extrayendo el mineral y se lo llevan sin pagar regalías; dos veces a la semana viene un helicóptero a recogerles el oro producido y quién sabe para dónde se lo llevan". Afirmó Girón, quien agrega que "estamos regresando a la conquista, regalando nuestras riquezas a los extranjeros".
Nota: El representante a la Cámara Juan Diego Gómez es el gran defensor de la explotación minera a gran escala (multinacionales), ojo pequeños mineros que él no los representa.