OTRA VEZ LOS DAMNIFICADOS
Las inundaciones han vuelto a ser noticia.
Bueno, nunca han dejado de serlo, realmente. Lo que pasa es que los damnificados de 2010 ya no están sumergidos en la creciente –donde se ven más propicios para la foto– sino en tierra firme.
Mostrarlos hundidos en el agua tiene más impacto mediático que mostrarlos hacinados bajo un cambuche caluroso, a la espera de que les resuelvan –¡tres años después…– su problema de vivienda.
Además, en Colombia la costumbre es olvidar a la víctima de ayer para concentrarse en la de hoy.
Así que los damnificados de hace tres años estuvieron más bien ignorados en los últimos tiempos, hasta estos días en que la prensa volvió a hablarnos de ellos. En total –se informa– 2.240 familias de Ayapel continúan errando por el pueblo y no han podido retornar a sus parcelas desde junio de 2010.
¿No es una vergüenza?
También han vuelto a las primeras planas ciertos reportes sobre los deslizamientos de tierra que obstruyen algunas carreteras. Es la misma noticia de siempre: apenas cambian el tramo de la vía cerrada y los nombres de los damnificados.
En la página en la que hace tres años, o treinta, había un anciano de Lorica llorando al lado de un colchón asaltado por el torrente, mañana habrá una niña de Nechí abrazando a su muñeca rota.
El pueblo devastado un día se llama Gramalote y dos años después, El Tobo. Mudan los rostros, siguen los desbordamientos. Para los seres excluidos que padecen este desastre una y otra vez, como diría Vargas Llosa, "morir trágicamente es morir de muerte natural".
Las inundaciones persisten por eso, básicamente: porque son un problema de pobres. Si afectaran a las familias privilegiadas de este país injusto, desde hace rato serían un asunto resuelto.
¿Cómo es posible que en más de un siglo no se haya solucionado el problema?
En un país que ha vivido durante años azotado por los grupos armados ilegales, la guerra ha sido la prioridad casi excluyente del Estado.
En los últimos lustros ha acaparado el discurso de los gobernantes, la agenda de los candidatos presidenciales y el presupuesto nacional.
Dragar el río Cauca en la región de La Mojana, o instalar unos espolones de defensa en el sur de Bolívar, son actividades mucho menos rentables, en términos electorales, que dar de baja a un escuadrón de guerrilleros.
Los pobres que forzados por el desespero levantan sus ranchos en las zonas de alto riesgo, solo son visibles cuando padecen las tragedias anunciadas. Después, cuando las aguas retornan a su nivel, el país les vuelve a dar la espalda mientras ocurre la próxima calamidad.
Para honrar a estos damnificados hay que empezar a establecer quiénes son los responsables de su drama. Los que se roban el dinero de las obras fluviales, los que ganan jugosos sueldos en oficinas de prevención de desastres que no sirven para nada. Ya que no podemos con los ríos, por lo menos impidamos que la incompetencia de estos funcionarios siga en la impunidad.