PALO A LA CLASE MEDIA
Ni que se hubieran propuesto algunas instituciones del Estado darle palo simultáneamente a la clase media colombiana.
El gobierno nacional, a través del Congreso, impuso una reforma tributaria, no solo llena de galimatías -que no han podido digerir ni los más avezados tributaristas- sino que deja contra las cuerdas a la clase media. Aquella representada esencialmente en los ejecutivos de ingresos medios y bajos. Conformada por quienes gracias a su superación académica, lograda con ingentes esfuerzos y sacrificios, pagan préstamos para vivienda, educación de sus hijos, salud y modestos vehículos.
La clase media hoy carece de remanentes en sus consumos para ahorrar. No sale a las calles a protestar con actos vandálicos que al final de cuentas es lo que lleva a nuestros gobiernos a dialogar para pactar.
Pero la cosa no para allí. Cumpliendo con la ley -y ¿toda ley es justa?- en las principales ciudades del país se destapona la represa del impuesto predial. Lo sueltan sin escrúpulos sobre la clase media, sobre la cual recae toda la política alcabalera de los gobiernos improvisadores. Los reajustes del impuesto en algunos casos, son desproporcionados. Mientras en los últimos cinco años la inflación no supera el 20 %, los incrementos a los avalúos catastrales llegan en muchos casos hasta el 100 %.
¿Qué disposiciones legales prohíjan que cada cinco años se hagan los reajustes catastrales? ¿Por qué fue la tupia? ¿O será que anteriores administraciones de las ciudades en donde se ha creado semejante caos social, dejaron represar esos reajustes por contemporización, populismo o debilidad?
Ahora concretamente se viene para los habitantes de Medellín -especialmente para los de El Poblado- la contribución de valorización. Que tiemble nuevamente la clase media. También es legal pero difícilmente justa con un contribuyente vapuleado por el desmesurado aguacero alcabalero del Estado. No siempre lo legal es justo. La inteligencia del funcionario está en conciliar el derecho con la justicia y la equidad. De no hacerlo hay conflicto ético. ¿No se puede hacer una pausa para no golpear más a esa clase media, cada vez más pauperizada y arrinconada?
¿Será imposible planear los tiempos para que no ocurran simultáneamente las tempestades tributarias, ordenadas -y sí que desorganizadas- por el poder central y los regionales?
Si bien es cierto que la movilidad en determinados sectores de esta capital es difícil y que se debe afrontar, ¿habrá capacidad de pago de una buena parte de la comunidad, hostigada por tantas cascadas tributarias, para ahora afectarla con valorización? ¿Tendrá cómo asumir esos desembolsos? ¿Podrían acaso aplazarse o ampliarse los plazos para pagar la contribución sin recurrir a imponerles altos intereses que haga peor el remedio que la enfermedad?
En nuestras aulas universitarias el profesor de Hacienda Pública, Luis Arcila, enseñaba que el principal requisito de un buen sistema impositivo era la oportunidad del gravamen. Y que sepamos nosotros, esta condición fundamental de un buen sistema tributario no ha sido revaluado. ¿Será entonces oportuno fustigar más a una clase media azotada por la abundancia de impuestos, abusando de su incapacidad, deliberada y consciente, de salir a las calles a arrojar petardos contra un Estado hostil, que sigue siendo fuerte con el débil y débil con el fuerte?.