Plan exige buen gobierno
Con la aprobación del Plan de Desarrollo, Prosperidad para todos , el Gobierno Nacional dispone de las herramientas y los recursos para, con el buen manejo que de ellos se haga, alcanzar las metas propuestas. El país debería repensar la norma constitucional que ampara la aprobación de la Ley del Plan, pues esta se presta para evadir trámites legislativos y promover asuntos inapropiados.
En la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para todos , aprobada recientemente por el Congreso de la República, se establecen los lineamientos generales del mismo, la estrategia adoptada, las metas que el Gobierno Nacional espera alcanzar al final del presente cuatrienio, y los recursos financieros que demanda su ejecución.
Las metas del Plan son ambiciosas en diversos campos. Así, en el período de gobierno se espera aumentar al 91 por ciento la cobertura de la educación media y al 50 por ciento la de la educación superior. También se pretende sacar de la pobreza extrema a 350.000 familias, reducir la informalidad laboral del 61 por ciento al 54 por ciento, al tiempo que incrementar las exportaciones totales del país de 32.853 millones de dólares a 52.600 millones. Se espera construir un millón de nuevas viviendas. Por su parte, la inversión en ciencia, tecnología e innovación pasará de 0,39 por ciento a 0,7 por ciento del PIB. En materia de política exterior, el país aspira ingresar a la OCDE y a la APEC.
La ejecución del Plan demandará recursos, en pesos constantes de 2010, por valor de 563,9 billones. El grueso de los recursos, 76,6 por ciento, se dedicará a los programas y proyectos para el crecimiento sostenible y la competitividad, y la igualdad de oportunidades para la prosperidad social. Las actividades asociadas a la consolidación de la paz participan con el 13,6 por ciento del total de recursos.
El financiamiento del Plan recaerá, esencialmente, en el gobierno central que deberá aportar el 34,6 por ciento del valor total y en el sector privado con el 40,3 por ciento. El alto porcentaje de participación del sector privado en el financiamiento del Plan de Desarrollo pone de presente la imperiosa necesidad que tiene el Gobierno Nacional de crear las condiciones institucionales y de establecer los incentivos necesarios para que dicho sector participe efectivamente de los proyectos que impulse el sector público. Si ello no se logra, las metas del Plan serán, en buena medida, inalcanzables.
El texto de la Ley del Plan, además de incluir los elementos técnicos y financieros que lo soportan y que le dan sentido al enfoque de desarrollo que se quiere implementar, incluye diferentes artículos que complementan y profundizan el contenido del Plan de Desarrollo. Sin embargo, dicho texto también incorpora otros ajenos a su concepción.
Esto es resultado de las disposiciones contenidas en la Constitución Política, en particular el artículo 341, inciso 3, que permite que el Plan de Desarrollo se expida mediante una Ley que tiene prelación sobre las demás Leyes. De esta forma se crean incentivos para que el Gobierno y los congresistas incluyan toda suerte de temas, muchos de ellos ajenos a las prioridades de desarrollo del país. Esto llevó, por ejemplo, a que, inicialmente, el Gobierno Nacional incorporara un artículo con el aumento de la edad de jubilación, o que, en la Ley aprobada, aparezca, además de normas tributarias, como el aumento del impuesto predial, un artículo relacionado con las rentas de un municipio en particular. Estas cosas le restan solidez y credibilidad a la Ley.
Con la aprobación de la Ley del Plan, el Gobierno Nacional dispone de las herramientas y los recursos necesarios para hacer realidad sus promesas y propósitos. Sin embargo, el logro de los objetivos dependerá, en últimas, de la sabiduría, el buen manejo y la eficacia que de ello hagan el gobernante y sus ministros.