Podrán votar 'Iván Ríos', Mancuso y Wílber Varela

Hasta la ignota y lejana escuelita de la vereda El Silencio, en Roldanillo, Valle, tendría que llegar el ciudadano Wílber Alirio Varela si quisiera ejercer, el próximo 14 de marzo, su derecho al voto.

A Varela, nacido el 6 de noviembre de 1957, le bastaría aparecer, de cuerpo presente, sacar de la billetera la cédula No. 16.545.384 y luego descargarla sobre la mesa No.0001. Así se lo autoriza el censo electoral que expidió la Registraduría Nacional del Estado Civil para las próximas elecciones.

Sin embargo, hace falta algo más que amor patrio para que este ciudadano impregne de tinta su huella en las Legislativas, si se tiene en cuenta que Varela, más conocido con el alias de "Jabón", yace varios metros bajo tierra en el Cementerio de la Colonia de Tovar, en Venezuela.

O por lo menos eso fue lo que dio a conocer el Gobierno del país vecino, en febrero de 2008, tres semanas después de que hallaran en Mérida el cuerpo de quien se decía era el jefe del cartel del Norte del Valle y uno de los hombres más buscados por las autoridades en Colombia y por la Interpol.

Sobre si ese era o no "Jabón", el director de la Oficina Nacional Antidrogas Venezolana, Néstor Luis Reverol, aseguró en su momento que entre el cadáver encontrado y Varela se habían verificado 32 características coincidentes, asunto que fue refrendado por el general Óscar Naranjo, director de la Policía en Colombia.

Pero esa no sería la única oportunidad que tendría "Jabón", si estuviese vivo, de alentar con su voto la contienda democrática. Se extrae de la famosa "Lista Clinton", que emite la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que Varela portaba una segunda cédula.

El documento número 16.891.223 también está registrado en el censo desde el 16 de agosto de 1996 y su inscripción corresponde a la mesa 00004, del puesto de votación Instituto Las Américas, en Florida, Valle.

Pero la lista de muertos que no fueron dados de baja del censo que la Registraduría publicó el pasado 24 de diciembre, y que de acuerdo con el Código Electoral (Decreto 2241 de 1986) se actualiza diariamente, es mucho más gruesa.

En la línea de votantes aparece el ciudadano Manuel Jesús Muñoz Ortiz, un nombre que seguramente no dice gran cosa, si se desconoce que "Iván Ríos" fue el apodo que lo acompañó en su vida como jefe guerrillero de las Farc.

No bastó que el guerrillero Pedro Pablo Montoya Cortés, alias "Rojas", caminara por ríos y montes intrincados, con la mano mutilada y la cédula de su antiguo jefe, para que éste fuera sacado del potencial electoral. "Iván Ríos", declarado muerto en abril de 2008 por acreditación de una comisión de versados forenses, puede sufragar en Bogotá, en el Parque Santander, justo al frente de las oficinas de la Dian.

Y no se trata, tanto en el caso de "Jabón" como en el de "Iván Ríos", de simples coincidencias en los números de identificación. En los registros internos de la Registraduría se ve que las cédulas habilitadas para votar coinciden con los nombres de los occisos.

Índice extenso
Pero hay más. Dentro de las 29.882.147 personas que podrán elegir a sus representantes en el Congreso hay nombres de condenados que perdieron sus derechos políticos, víctimas de falsos positivos y fallecidos anónimos que, por lo menos electoralmente, hoy tienen una segunda oportunidad.

Salvatore Mancuso, por ejemplo, fue condenado a 40 años de cárcel, en abril de 2003, por el Juez Segundo Especializado de Antioquia y aun así es apto para sufragar. Los hechos por los que fue juzgado este hombre, con cédula 6.892.624 de Montería, Córdoba, no fueron de poca monta. Se trató de uno de los capítulos más aciagos de la historia reciente en Colombia, que se conoció como 'la masacre del Aro'. Pese a que Mancuso se acogió a Ley de Justicia y Paz, vale decir que el Tribunal Superior de Antioquia ratificó el año pasado la condena.

Otro de los autorizados para votar es el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, condenado por los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado y coautor de concierto para promover grupos armados al margen de la ley, en concurso heterogéneo.

La sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre la cual no aplica ningún recurso, fue proferida el 3 de diciembre de 2009, casi un mes antes de que se definiera el censo electoral. Si quisiera, Arana Sus, inhabilitado por 20 años para ejercer funciones públicas, podría acercarse al Instituto Pedagógico Venecia, en Sincelejo, y los jurados de mesa no tendrían más opción que recibir su voto.

En cuanto a los ciudadanos anónimos, los casos son interminables. El Registro Civil de Defunción del campesino Guillermo Ibarra Grisales dice que su muerte se produjo el 8 de diciembre de 2008, a los 64 años de edad, según consta en el documento que reposa en la Registraduría de Yolombó, Antioquia.

Resulta particular que a don Guillermo le esté permitido sufragar en el coliseo Juan Guillermo Ángel, de Quinchía, Risaralda, más cuando la Justicia investiga si su muerte, dada como un hecho irreversible, corresponde al parecer a una ejecución extrajudicial. En otras palabras, lo que se preguntan en los estrados judiciales no es si el señor murió, sino quién lo mató y por qué razones lo presentaron como guerrillero del Eln.

Las irregularidades electorales aquí reseñadas parecen ser apenas la punta del iceberg de un problema de dimensiones impensadas. Si eso ha ocurrido con personajes y muertes tristemente célebres, ¿qué pasará con el resto de colombianos? El senador Armando Benedetti había denunciado en 2007 que en el censo del departamento del Atlántico, el 95 por ciento de sus municipios tenía el doble de personas que la cantidad de ciudadanos mayores de 18 años. Una cosa muy "loca", según sus propias palabras.

En 2003, el mismo congresista decía tener pruebas de que 70 mil difuntos estaban acreditados para votar. Aquí vale preguntarse, ¿qué tanto cambió el panorama? "Te digo, va a pasar exactamente lo mismo", advierte. ¿Por qué no se actualizó, entonces, el censo? "Es una lástima que ni el Congreso ni el Gobierno hayan tenido el liderazgo. Es una lástima que lleguemos, cuatro años después, con los mismos muertos (...) eso demuestra que este es un país inviable, es como si estuviéramos en Zambia", remata Benedetti.

Las respuestas parece tenerlas el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez. En una carta que reprodujo la revista Semana , Sánchez le advertía al presidente Álvaro Uribe Vélez, en 2007, que a razón de 174.000 defunciones por año el país estaba en mora de sacar del sistema a cuatro millones de muertos.

Transcurrido este tiempo, el registrador delegado para asuntos Notariales, Alfonso Portela Herrán (ver entrevista), asegura que la cifra de difuntos está en algo menos de 1 millón, esto es, el doble de la población que tienen ciudades intermedias como Ibagué, Armenia o Pereira.

Si Alonso Salazar Jaramillo fue elegido como Alcalde de Medellín con 275.734 votos, los difuntos en Colombia tendrían ahora en sus manos la oportunidad de favorecer a tres funcionarios de esa categoría. Pasaría no como en Zambia, a lo Benedetti, sino como en Comala, el pueblo de Rulfo, donde huele a miel derramada y los muertos se pasean por las calles zanjando todas las cuentas.